De la redacción
El Buen Tono
Un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su alarma ante presuntas adopciones ilegales en Guatemala durante el conflicto armado (1960-1996), señalando a la actual fiscal general, María Consuelo Porras, quien fue directora de la casa hogar implicada.
Los hechos habrían involucrado al menos a 80 niños indígenas dados en adopciones internacionales irregulares desde el Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras ejerció como tutora legal entre enero y agosto de 1982. El panel de la ONU subrayó que las personas con acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos no deberían ser preseleccionadas para cargos públicos hasta que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes.
Porras estaba próxima a concluir su gestión como fiscal general y participaba como candidata a magistrada designada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, la universidad descartó su postulación y nombró a Julia Rivera y José Luis Aguirre como magistrados titular y suplente.
El panel también expresó preocupación por la falta de investigaciones y de reconocimiento o reparación para las madres afectadas por estas adopciones. A la fecha, ni la fiscalía ni el gobierno guatemalteco han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.
Durante décadas, miles de niños guatemaltecos fueron dados en adopciones, principalmente a familias estadounidenses, sin seguimiento del Estado. En 2024, el presidente Bernardo Arévalo ofreció disculpas públicas a una víctima de adopción irregular. Entre 1977 y 2008 se realizaron adopciones señaladas de irregularidades, lo que llevó al Congreso guatemalteco a aprobar en 2007 una ley para regular los trámites.
Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción en Guatemala. El caso ha reactivado la demanda de investigaciones independientes sobre posibles irregularidades en procesos de adopción durante el conflicto armado.
