AGENCIA
Nacional.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre una jornada de operativos simultáneos realizada el lunes 1 de diciembre de 2025 en siete estados del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Las acciones dejaron detenciones, decomisos de drogas y armamento, así como golpes económicos a organizaciones criminales; sin embargo, los hechos violentos continúan en varias regiones, lo que mantiene cuestionamientos sobre la efectividad de la política federal en materia de seguridad.
Los operativos se desplegaron en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.
Resultados por entidad
Sinaloa registró el mayor impacto financiero con el hallazgo e inhabilitación de siete áreas destinadas a la producción de estupefacientes en Culiacán y Cosalá; fueron asegurados 5 mil 650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores, lo que según la autoridad representó una afectación económica estimada en 113 millones de pesos. Además, se inspeccionó el Centro Penitenciario Aguaruto, donde se confiscaron celulares, puntas y cargadores, así como la detención de dos personas armadas.
En Chihuahua, fuerzas federales y estatales aseguraron una ametralladora, cinco armas largas, 80 cargadores y más de tres mil cartuchos, además de marihuana, chalecos tácticos y equipos de comunicación.
En Baja California se detuvo a tres personas y se aseguraron armas y un vehículo; en Pánuco, Veracruz, se aseguraron cuatro armas largas, una corta, 32 cargadores y chalecos.
Las acciones contra el narcomenudeo se concentraron en Acapulco, Guerrero, con la detención de tres personas con dosis de droga, y en Juchitán, Oaxaca, donde un sujeto fue detenido con metanfetamina.
En el Estado de México se cumplimentó una orden de aprehensión por extorsión en Cuautitlán Izcalli.
Participación ciudadana y cuestionamientos
Mientras el Gobierno federal destaca grandes decomisos y operativos, organizaciones civiles han insistido en que la estrategia no se ha traducido en una reducción significativa de homicidios, desapariciones o desplazamientos forzados.
La autoridad reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar actividades criminales de manera anónima mediante el 089 o canales digitales. No obstante, colectivos de víctimas aseguran que persisten la desconfianza institucional, la falta de resultados en investigaciones y el riesgo de represalias, factores que continúan inhibiendo la denuncia y dejando a la población en medio del conflicto entre grupos criminales y autoridades.
