De la redacción
El Buen Tono
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez vuelve a quedar bajo la lupa. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) presentó una denuncia penal por un presunto daño patrimonial de 56 millones 665 mil 280 pesos relacionado con los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
La denuncia, presentada el 14 de julio, deriva de una observación que no fue solventada durante el proceso de fiscalización y que involucra recursos destinados a infraestructura hospitalaria.
Entre las irregularidades señaladas aparecen anticipos entregados a contratistas y proveedores que quedaron pendientes de amortizar o recuperar. Es decir, mientras el discurso oficial presumía inversiones millonarias en el sistema de salud, los números dejaron pendientes que ahora terminaron sobre el escritorio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los recursos observados están relacionados con la adquisición de un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
También se detectaron observaciones en la adquisición de sistemas fotovoltaicos destinados al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis Fernando Nachón”, el Hospital General de Córdoba “Yanga” y el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza”.
El expediente corresponde a la observación FM-070/2024/003 DAÑ y la denuncia fue presentada contra quien o quienes resulten responsables. Será la Fiscalía Anticorrupción la que determine si existen elementos para proceder penalmente.
A este expediente se suma otra denuncia del ORFIS contra quien o quienes resulten responsables por irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de San Rafael, por 994 mil 784.91 pesos.
La cifra conjunta de ambas denuncias supera los 57.6 millones de pesos. Para Cuitláhuac García, el asunto deja de ser solamente un capítulo más de su administración y se convierte en otro expediente que tendrá que ser revisado por las autoridades.
El discurso de una administración que se presentó como distinta y transparente choca ahora con expedientes en los que millones de pesos quedaron sin solventar. La última palabra no la tendrá el discurso político, sino la Fiscalía, que deberá determinar qué ocurrió con esos recursos y quiénes resultan responsables.
Por ahora, la gestión de Cuitláhuac García sigue acumulando preguntas incómodas y expedientes que difícilmente pueden maquillarse con discursos.
