Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.-Mientras el daño patrimonial detectado en Veracruz alcanza cifras escandalosas —alrededor de 2 mil 700 millones de pesos en 2023 y 2 mil 500 millones en 2024—, la recuperación reportada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) resulta francamente insuficiente, evidenciando una brecha que exhibe la fragilidad del sistema de rendición de cuentas.
La propia titular del organismo, Delia González Cobos, reconoció que en los últimos diez años apenas se han recuperado entre 2 mil 200 y 2 mil 300 millones de pesos. Es decir, una cifra similar a lo observado en un solo año de daño patrimonial, lo que en términos prácticos refleja que la restitución de recursos es mínima frente al tamaño del desfalco acumulado.
El mecanismo legal permite abrir periodos de investigación tras la aprobación de informes por el Congreso, dando oportunidad a exfuncionarios para aclarar o reintegrar recursos. Sin embargo, esta dinámica revela un problema de fondo: el dinero público no se protege de origen, sino que se intenta recuperar cuando ya fue mal utilizado o, en el peor de los casos, desviado. La “corrección” llega tarde y bajo presión, generalmente cuando las auditorías ya están en curso.
Aunque el ORFIS presume que las auditorías generan un “impacto social” al forzar la conclusión de obras o el reintegro de recursos, lo cierto es que este modelo reactivo termina normalizando la irregularidad como práctica administrativa: se gasta mal, se observa, y solo entonces se corrige parcialmente. En ese proceso, la opacidad y la falta de sanciones contundentes siguen siendo constantes.
A la par, el organismo reconoce coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, aunque bajo total hermetismo. No hay claridad sobre cuántos casos han derivado en órdenes de aprehensión ni sobre el destino final de los expedientes. La discreción, más que fortalecer la confianza, alimenta la percepción de impunidad.
En este contexto, también se advierte la persistencia de prácticas políticas cuestionables, como la intención de heredar cargos públicos a familiares, lo que abre la puerta a cacicazgos. Aunque aún no está plenamente legislado, el señalamiento deja ver que el problema no solo es técnico o administrativo, sino estructural y profundamente político.
