De la redacción
El Buen Tono

Organizaciones de derechos humanos de México y Alemania solicitaron al gobierno del estado alemán de Baden-Württemberg que los 4.21 millones de dólares pagados por el fabricante de armas Heckler & Koch como sanción por la exportación ilegal de fusiles G36 a México sean destinados a mecanismos de reparación social para víctimas y comunidades afectadas.

La petición fue presentada mediante una carta abierta dirigida al ministro presidente de Baden-Württemberg, Cem Özdemir, y plantea que los recursos puedan contribuir a atender a comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos, entre ellas las relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Las organizaciones señalaron que Alemania había prohibido la exportación de armas a Guerrero debido a la situación de derechos humanos en la entidad. Sin embargo, 99 fusiles G36 de Heckler & Koch terminaron en manos de policías locales y, de acuerdo con el documento, al menos tres fueron utilizados durante los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Aquella noche desaparecieron 43 estudiantes, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.

Entre las víctimas se encuentra Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativo. Las organizaciones señalaron que las deficiencias en el procesamiento de la escena impidieron determinar si el arma utilizada para herirlo correspondía a uno de los fusiles fabricados por la empresa alemana.

Piden que el dinero tenga un destino social

El pago de aproximadamente 4.21 millones de dólares fue realizado en mayo pasado por Heckler & Koch al Estado alemán, como parte de la sanción penal derivada de una sentencia emitida en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart por las exportaciones ilegales de armas a México.

Las organizaciones reconocen que la resolución judicial no estableció una indemnización directa para las víctimas mexicanas, por lo que el gobierno alemán no está obligado a entregarles los recursos.

No obstante, plantearon que Baden-Württemberg analice alternativas jurídicas y políticas para que el dinero pueda contribuir a procesos de reparación social en México.

Entre las propuestas se encuentra financiar atención psicosocial y de salud para comunidades afectadas, respaldar procesos de esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos y promover medidas que contribuyan a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

También solicitaron establecer un diálogo entre autoridades alemanas y organizaciones civiles de ambos países para definir mecanismos que permitan canalizar los recursos. En caso de que una transferencia directa a las familias no sea jurídicamente viable, propusieron utilizar el dinero para proyectos destinados a las comunidades afectadas.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y diversas agrupaciones alemanas dedicadas a los derechos humanos y al control del comercio de armas.