De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La historia y la indignación se repiten. Este lunes, cuadrillas de Parques y Jardines talaron un árbol en la avenida Cri-Cri, acción que desató molestia entre vecinos y activistas al considerar que se vuelve a incurrir en prácticas de ecocidio urbano, similares a las registradas en la administración pasada. Aunque hacen trabajos de poda, la tala injustificada fue el detonante del reclamo ciudadano.
Más allá de la molestia social, el hecho abre un frente legal y ambiental: la tala sin estudios de impacto ambiental ni dictamen técnico viola normativas estatales y federales, y configuran infracciones administrativas graves e incluso delitos ambientales.
Violaciones legales y delitos
La Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Arbolado y Áreas Verdes del Estado exige evaluación previa, dictamen técnico y permisos para el derribo en zonas urbanas. Incumplir conlleva multas de hasta 20 mil pesos o más, además de la restitución obligatoria mediante reforestación o pago de daños.
Si se demuestra daño intencional al equilibrio ecológico sin Manifestación de Impacto Ambiental, el caso puede escalar a delito federal bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con penas de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 a 3 mil días de salario mínimo.
En 2025, en el gobierno de Juan Manuel Diez, Orizaba acumuló polémicas por la tala de árboles en buen estado para proyectos de “imagen urbana”, sobre todo en la calle Real, donde sustituyeron palmas y árboles.
