Laura A. García
El Buen Tono
Amatlán.- Un hecho que generó malestar en el municipio y una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes, es la suspensión de manera simultánea del servicio de recolección de basura y el suministro de agua potable.
Desde ayer, el ayuntamiento en funciones que todavía encabeza Luis Arturo Figueroa Vargas, determinó dejar de trabajar, a pesar de que cobró su quincena y prestaciones completas.
Argumentó el proceso de transición por el cambio de administración municipal cuando le quedan hoy y mañana como funcionario.
La medida provocó inconformidad de los ciudadanos, que ven vulnerados servicios públicos fundamentales.
Vecinos de diversas colonias reportaron la acumulación de residuos en las calles y la incertidumbre sobre el abasto de agua para actividades domésticas básicas.
La suspensión de estos servicios choca frontalmente con el marco jurídico que rige la administración pública municipal.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz, las autoridades en funciones están obligadas a cumplir sus responsabilidades y prestar los servicios a su cargo de manera continua hasta el 31 de diciembre, fecha en la que formalmente termina su periodo constitucional e inicia la nueva administración.
No existe disposición legal que avale la interrupción de servicios esenciales como parte de una transición.
En materia de salubridad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 115 que los municipios tendrán a su cargo, de manera exclusiva, las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Este mandato constitucional define la recolección de basura como una obligación esencial e ininterrumpida, directamente vinculada a la salud pública y al bienestar de la comunidad.
Ante esta situación, ciudadanos y vecinos afectados exigieron la inmediata restitución de los servicios.
Argumentaron que el proceso de transición entre administraciones, que es un procedimiento normal y regulado, no puede ni debe utilizarse como justificación para paralizar funciones críticas que previenen riesgos sanitarios y garantizan condiciones básicas de vida.
