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Chiapas.- El 20 de octubre, el Padre Marcelo Pérez fue asesinado tras oficiar una misa, un hecho que ha conmocionado a la comunidad católica y a defensores de derechos humanos en Chiapas. La Iglesia Católica confirmó que el sacerdote contaba con medidas cautelares desde 2025, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a los constantes riesgos que enfrentaba por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otras áreas de la región.
En su declaración, la Iglesia reprochó a las autoridades por ignorar las reiteradas denuncias sobre la creciente violencia en Chiapas y cuestionó cuántos activistas más deben morir antes de que los gobiernos y la sociedad reaccionen. La institución calificó de “inaudito” que, mientras la violencia continúa cobrando vidas, algunos legisladores intenten dictaminar leyes que desvaloricen la vida, como las que afectan a mujeres embarazadas.
El Episcopado Mexicano exigió medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la paz y la justicia, subrayando que el asesinato del Padre Marcelo es absolutamente inaceptable. Organizaciones nacionales e internacionales habían advertido previamente sobre las amenazas y agresiones que enfrentaba, intensificadas por su incansable trabajo en favor de las comunidades indígenas.
Desde 2021, el Padre Marcelo lideró marchas y peregrinaciones por la paz, alzando la voz contra el crimen organizado y exigiendo justicia por el asesinato de otros defensores de derechos humanos. Su labor fue ampliamente reconocida tanto a nivel local como internacional, y su muerte pone de relieve la urgente necesidad de acciones concretas para salvaguardar la vida y dignidad humana en Chiapas.
