De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.— Hace más de tres semanas que vencieron las fechas de cuatro proyectos de obra pública en la avenida 5, en el Centro de Córdoba. La inversión inicial es de 9.7 millones de pesos, de acuerdo con el Sistema de Información Municipal del ORFIS, y solo están causando caos vehicular.
Entre calles 13 y 17, la pavimentación con carpeta asfáltica en caliente debió iniciar el 30 de junio con conclusión al 28 de septiembre y un monto de 1,930,000 pesos.
La rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua entubada, en igual tramo, para el 30 de junio con término el 28 de septiembre, tiene asignados 1,140,221 pesos. Entre calles 23 y 27, la pavimentación con concreto hidráulico, tenía fecha de arranque el 3 de julio, conclusión el 1 de octubre y un presupuesto de 5,739,462 pesos.
En ese mismo sector, la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua entubada, también debió comenzar el 3 de julio, terminar el 1 de octubre y cuenta con 894,109 pesos. Ninguna de esas obras reporta avance y tienen un retraso enorme.
Las fichas del ORFIS no registran fotos ni reportes de avance físico para ninguna de las cuatro obras. El 21 de julio, se documentó que el inicio simultáneo de obras en las avenidas 2 y 4 provoca caos vial que evidencia la falta de planeación y coordinación del ayuntamiento. Ese mismo día, El Buen Tono publicó que la síndica Irene Sedas González, admitió que las obras que debían iniciar en mayo comenzaron tarde y que podrían concluir hasta noviembre. La síndica señaló que el director de Obras Públicas, Jorge Guzmán de la Llave, no ha entregado reportes claros y que, al revisar el sistema, hay información que aparece en ceros.
El 22 de julio, se documentó que el proyecto del muro de contención del río San Antonio, con 2.5 millones de pesos, tampoco ha iniciado y ¿a dónde van esos recursos?
Asimismo, es grave la falta de transparencia en los procesos de licitación. Las autoridades deshonestas y corruptas como Manuel Alonso, ocultan o evitan la difusión de las convocatorias para limitar la participación de más empresas. En lugar de promover la competencia abierta para obtener mejores costos y calidad, prefieren operar en la opacidad para beneficiar a un grupo reducido de constructores, entre ellos sus prestanombres. En ese sentido, fragmentan proyectos grandes en montos menores a 900 mil pesos para evadir la obligación legal de licitar, debido al margen que les da el gobierno de 900 mil pesos. Esto permite asignar contratos directamente a empresas “consentidas” a cambio de sobornos o “moches”, operando incluso vinculados al alcalde para asegurar el beneficio económico.
