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AGENCIA

Nacional.- Una pareja de adolescentes, Alondra y Manuel (nombres ficticios para proteger su identidad), ambos de 16 años y estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) número 2 en la alcaldía Álvaro Obregón, denunció que fueron víctimas de abuso sexual por parte de dos oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en una zona boscosa en el poblado de San Agustín y Camino Real a Minas. Los oficiales Luis “R” y Miguel Ángel “R” se acercaron a los adolescentes mientras realizaban patrullajes. Alegando que estaban involucrados en actividades “indecorosas”, amenazaron con remitirlos al juez cívico.

Luego, separaron a la pareja, llevando a Alondra a un lugar más alejado, donde uno de los oficiales la sometió a tocamientos sexuales, la violó y le robó su teléfono celular. Posteriormente, Luis “R” le proporcionó su propio número de teléfono móvil a Alondra para mantener contacto.

Mientras tanto, Miguel Ángel “R” mantuvo a Manuel retenido para que se llevara a cabo la agresión sexual. Una vez consumado el abuso, los adolescentes se dirigieron a la casa de Manuel y compartieron lo ocurrido con su tío, quien informó de inmediato a las autoridades.

La respuesta de las autoridades incluyó una búsqueda de los oficiales de la PBI. La pareja fue atendida y se realizó una denuncia. Las fotografías de los oficiales fueron mostradas a los adolescentes, quienes los identificaron plenamente como sus agresores.

Las autoridades también comprobaron que el número proporcionado por Luis “R” a Alondra estaba asignado al oficial. Una paramédica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticó a la adolescente con posible agresión sexual.

Como resultado, Alondra presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Luis “R” y Miguel Ángel “R” fueron citados y acusados de violación, robo y privación ilegal de la libertad.

Este trágico incidente destaca la necesidad de mantener un control efectivo y riguroso sobre la conducta de los oficiales de policía y resaltar la importancia de garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

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