De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Lo que el ayuntamiento de Orizaba presentó como una operación consolidada para rescatar la emblemática Plaza de Toros La Concordia, se convirtió en una pesadilla jurídica que amenaza con despojar al municipio del inmueble más simbólico de la ciudad. La reciente resolución de la Justicia Federal, que ordena la reinscripción de una hipoteca por más de 40 millones de pesos en favor de los herederos del empresario Roberto Cruz Carrera, no solo revive una deuda que se creía saldada, sino que expone la negligencia y el posible oscurantismo de administraciones pasadas.
El fallo del amparo 908/2021 es un golpe certero a la estrategia legal del actual gobierno municipal que encabeza Hugo Chahin Kuri, pero que en su momento el inmueble fue “recuperado”, por Juan Manuel Diez Francos; se ordena la reinscripción de un gravamen que había sido cancelado y que estaba a favor del fallecido empresario dulcero Roberto Cruz Carrera. Con esta decisión, el Poder Judicial de la Federación le otorga al acreedor el derecho de “prelación” que originalmente poseía, colocándolo nuevamente en una posición privilegiada para reclamar la deuda, la cual asciende a 40 millones 676 mil pesos.
La instrucción judicial es clara y no admite demoras: el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en conjunto con el Registro Público de la Propiedad local, deberán estampar nuevamente las anotaciones hipotecarias en las escrituras del inmueble. Lo delicado del caso radica en que la sentencia advierte que esta reinscripción aplica incluso sobre la escritura con la que el municipio pretende acreditar la propiedad, misma que, según datos del expediente, ha sido señalada como presuntamente apócrifa durante una administración pasada.
Más allá de la simple anotación contable, la decisión judicial abre la puerta a un escenario catastrófico para las finanzas municipales: la posible adjudicación del inmueble para saldar la deuda. Al recuperar su estatus de acreedor preferente, la parte quejosa podría exigir el remate o la dación del bien en pago, dejando al Ayuntamiento sin uno de sus activos más preciados.
La situación se complica aún más por la desaparición física del propietario original de La Concordia, Luis Gutiérrez Príncipe, lo que enreda la madeja legal sobre la legítima transmisión de la propiedad y la validez de los títulos que obran en poder del municipio.
El juez federal ha sido contundente en su advertencia. Las autoridades responsables tienen un plazo perentorio de tres días hábiles para acatar la ejecutoria y remitir las constancias que demuestren el cumplimiento. La omisión de esta orden podría desencadenar sanciones económicas que van desde los 230 hasta los 2,295 UMA, así como el envío del expediente a instancias superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el peor de los casos, el incumplimiento podría derivar en la separación del cargo y la consignación penal de los funcionarios responsables, según lo estipulado por la Ley de Amparo.
La resolución pone nuevamente en el ojo del huracán la gestión de Juan Manuel Díez Francos, administración municipal durante la cual se habría presentado la escritura cuestionada para acreditar la propiedad. Lo que en su momento se vendió como una operación para blindar el patrimonio municipal, hoy se revela como un pasivo que amenaza con consumir al actual gobierno.
La Concordia, testigo mudo de la historia y la cultura taurina de Orizaba, vuelve a ser el centro de una batalla legal que no solo define su propiedad, sino que pone a prueba la capacidad jurídica y administrativa del ayuntamiento para defender los intereses de los orizabeños.
