AGENCIA
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció 309 mil 345 millones de pesos en contrataciones durante el año pasado, pero destinó apenas 0.5% de ese monto a concursos abiertos, mientras que más de la mitad se asignó mediante adjudicaciones directas, de acuerdo con su Informe de Austeridad Republicana 2026.
Las cifras documentadas en el informe evidencian que la petrolera ejerció 166 mil 477 millones de pesos mediante adjudicaciones directas, equivalentes a 53.8% del total. Otros 77 mil 543 millones de pesos, 25.1%, se contrataron mediante subastas ascendentes y descendentes, mientras que 63 mil 842 millones, correspondientes a 20.6%, se reportaron en 70 contratos sin especificar el procedimiento utilizado.
En contraste, únicamente mil 481 millones de pesos fueron asignados mediante concursos abiertos, una proporción de apenas 0.5% de los recursos contratados.
La distribución de los recursos generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa que regula a la empresa pública. El reglamento de la Ley de Pemex, publicado el año pasado, establece un límite de 30% para la asignación de contratos mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, de acuerdo con la información difundida sobre el documento.
Ante los señalamientos, Pemex defendió sus procedimientos y argumentó que las características de sus operaciones, la necesidad de garantizar el abasto de combustibles y la regulación del sector justifican determinadas modalidades de contratación. También aseguró que sus procesos se apegan a los principios constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad.
La empresa destacó que sus operaciones están sujetas a auditorías de la Auditoría Interna y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de verificar el cumplimiento normativo y el manejo de los recursos públicos.
Uno de los principales argumentos de la petrolera se refiere a los contratos para el transporte de combustibles mediante autotanques. Según su explicación, esta modalidad concentró 123 mil 852 millones de pesos, equivalentes a 74% del monto asignado mediante adjudicaciones directas. Se trata de 136 contratos con una vigencia de siete años, vinculados con la logística de distribución de combustibles en el país.
Pemex sostuvo que estos acuerdos se realizaron al amparo de la Ley del Sector de Hidrocarburos y que, por las características de la actividad, no corresponden a las excepciones al concurso abierto contempladas en la legislación de la empresa pública.
Sin embargo, especialistas en el sector energético advirtieron que el uso extendido de adjudicaciones directas reduce las posibilidades de comparar ofertas y puede debilitar la transparencia en el gasto público.
Rosanety Barrios, integrante de la consultora Voz Experta, señaló que este mecanismo puede propiciar decisiones discrecionales cuando deja de utilizarse como una excepción. Por su parte, Adrián Duhalt consideró que los concursos abiertos permiten comparar más propuestas y potencialmente obtener mejores condiciones de precio y calidad.
Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, sostuvo que el límite establecido en la normativa obliga a mejorar la planeación de las contrataciones y advirtió sobre los riesgos de posibles favoritismos cuando los controles institucionales resultan insuficientes.
El informe de Austeridad Republicana 2026 fue firmado en mayo y publicado recientemente en la plataforma de transparencia. Las cifras reabren el debate sobre los mecanismos de contratación de Pemex, el cumplimiento de las disposiciones legales y la capacidad de los controles internos y externos para garantizar que los recursos públicos se ejerzan bajo condiciones de competencia, transparencia y rendición de cuentas.
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