CDMX.- Una investigación periodística echa por tierra “la verdad histórica”, que defendió el exprocurador Jesús Murillo Karam.
La investigación contra el extitular de la AIC fue motivada por algunos elementos que contiene el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericama de Derechos Humanos (CIDH), sobre una alteración de la supuesta escena del crimen en el río San Juan y la posible siembra de restos humanos por parte de Zerón de Lucio.
Luego de que esta noticia trascendió el ámbito nacional, se aceptó que Chávez Flores realizara una investigación a fondo, “a sabiendas de que se trataba de un tema sensible, pues Tomás Zerón era un hombre directamente designado y protegido por Enrique Peña Nieto”.
Durante los meses que duró la investigación, la procuradora, otros subprocuradores y el propio Tomás Zerón, presionaron al visitador para que cambiara las conclusiones de su indagatoria sobre el río San Juan, luego de que consideró “inválidas” las actuaciones. “Chávez Flores se negó a hacerlo a pesar de las amenazas que recibió incluso por escrito”.
La investigación concluyó en agosto de 2016 y el 18 de ese mes, la titular de la PGR pidió al visitador que esperara a que el “Acuerdo de conclusión” tuviera el visto bueno del presidente Enrique Peña Nieto, antes de que lo dictaminara y firmara.
Tras conocer el documento, el Mandatario dio instrucciones a Arely Gómez para que el visitador dejara el cargo y le pidió que “el incómodo ‘Acuerdo de conclusión’ nunca se hiciera público“; a cambio, decidió que Tomás Zerón sería movido “a otro sitio donde le fuera más útil”, se lee en la página 321 del libro.
Las “recomendaciones generales” de la “Evaluación Técnico Jurídica” practicada a toda la averiguación previa AP/PGR/SDPDS/01/001/2015 también demanda ampliar la investigación sobre los posibles vínculos del capitán José Martínez Crespo con la delincuencia organizada.
Este mando fue uno de los dos militares responsables de las tropas que estuvieron en las calles de Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además, se instruye al Titular de la Oficina de Investigación “valore las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero” y se amplíe la investigación respecto de posibles ilícitos que les pudiesen atribuir, entre ellos, encubrimiento, abuso de autoridad o cualquier otra circunstancia indebida en el ejercicio de sus funciones.
