Juan Tress Zilli, dueño de la línea “8 de Marzo” e integrante de la Comisión de Transporte del Congreso, mantiene su flota en la lista negra por abusos tarifarios y quejas desde 2024
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- A pesar de que la tarifa oficial del transporte público en Córdoba es de $9 pesos, diversas rutas continúan cobrando de manera irregular $12, en un acto calificado como arbitrario e ilegal por usuarios y observadores. Esta práctica, lejos de ser espontánea, ha sido promovida e impulsada desde hace meses por el diputado local Juan Tress Zilli, quien es a la vez permisionario de la línea “8 de Marzo” y miembro de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, un claro conflicto de interés que hasta ahora ha permanecido impune.
Este mismo miércoles concesionarios del transporte público se reunieron con autoridades estatales del sector para exigir la autorización formal de la tarifa en $12, argumentando incrementos en gastos operativos y señalando que ya se aplica en otras zonas como Orizaba.
La reunión, celebrada un día después de los operativos que pretendían frenar los cobros ilegales, revela la presión constante del sector para normalizar una tarifa que hasta hoy carece de aval oficial y que contradice la cuota establecida de $9 pesos.
Sin embargo, las rutas siguen implementando sus tarifas pero esto no es nuevo. De acuerdo con registros oficiales de la Delegación Jurídica de la Dirección General de Transporte Público del Estado, durante 2024 se presentaron al menos 24 quejas contra empresas transportistas de Córdoba, entre las que destacó la empresa Autobuses 8 de Marzo, S.A. de C.V., propiedad de Tress Zilli.
Pese a ello, el legislador no ha sido sancionado y su línea continúa operando con la misma impunidad que el resto de concesionarios que hoy presionan en las oficinas de transporte para que se autorice el incremento.
Mientras el diputado retiró temporalmente sus unidades ante los operativos de ayer, movimiento interpretado como una maniobra por miedo a multas, no por cumplimiento, otras rutas como la Margarita Morán (ruta 7) y la ruta 2 siguen aplicando la tarifa no autorizada y, en algunos casos, negando el servicio a adultos mayores. Todo esto ocurre en un contexto en el que Transporte Público estatal asegura realizar vigilancia, pero sin resultados concretos frente a los cobros arbitrarios.
