AGENCIA
Michoacán.- Mientras el gobierno federal insiste en que no existen pruebas de presunta protección a grupos criminales, documentos oficiales revelaron que un hombre identificado por autoridades de seguridad como presunto líder de una organización del narcotráfico recibió permisos federales para exportar productos agrícolas al extranjero.
Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias “El Migueladas”, señalado en reportes de inteligencia como uno de los principales operadores criminales en la región de Tierra Caliente, obtuvo autorizaciones emitidas por la Secretaría de Agricultura para exportar mango a diversos mercados internacionales.
El caso ha generado cuestionamientos debido a que las autorizaciones fueron entregadas pese a que el nombre del presunto delincuente figuraba desde hace años en investigaciones y reportes de seguridad relacionados con actividades del crimen organizado.
La situación pone en evidencia una aparente falta de coordinación entre las áreas encargadas de la seguridad pública y las dependencias responsables de otorgar permisos comerciales. Mientras las corporaciones de seguridad lo identificaban como un objetivo prioritario, otras instancias gubernamentales validaban operaciones económicas vinculadas a su actividad empresarial.
Aunque los permisos de exportación se conceden mediante procesos administrativos y fitosanitarios, el caso ha abierto un debate sobre los mecanismos de control del gobierno federal para evitar que personas bajo sospecha de actividades ilícitas accedan a beneficios y certificaciones oficiales.
La revelación también contradice el discurso gubernamental de combate frontal al crimen organizado. Para diversos sectores, el problema no radica únicamente en la emisión de los permisos, sino en la incapacidad institucional para detectar riesgos y activar alertas cuando personajes señalados por las propias autoridades aparecen dentro de padrones oficiales.
El episodio alimenta las críticas contra la estrategia de seguridad federal y fortalece las exigencias de transparencia sobre los criterios utilizados para otorgar autorizaciones comerciales. Mientras desde el poder se demanda evidencia de posibles nexos con organizaciones criminales, documentos oficiales muestran que un presunto líder del narcotráfico logró operar negocios de exportación con el aval de dependencias gubernamentales.
Más allá de la responsabilidad legal que eventualmente determinen las autoridades competentes, el caso exhibe una preocupante contradicción: El mismo Estado que afirma combatir a los grupos criminales terminó otorgando permisos oficiales a uno de los personajes que sus propias áreas de inteligencia consideraban de alta relevancia dentro del mapa delictivo nacional.
