Juan José Enríquez
El Buen Tono
Orizaba.- De acuerdo con la directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Anabel López Sánchez, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades donde se mantiene la venta de mujeres, situación en la que los gobiernos tienen responsabilidad.
“Yo estoy convencida que los gobiernos han sido responsables, no solo omisos en esta práctica y no hablo de los gobiernos actuales, hablo de este sistema político mexicano que históricamente ha excluido a los pueblos indígenas y en esa exclusión y marginación afecta más a las
mujeres”.
Sin precisar qué municipios veracruzanos efectúan estas prácticas, la funcionaria federal dijo que se trabaja en el acompañamiento de la estrategia que se aplica en Guerrero y si hubiera necesidad de hacerlo en Veracruz, se haría.
Cuestionada sobre la venta de niñas y jóvenes, expuso que estas acciones no pueden achacarse a usos y costumbres, pues ese concepto implica una acción legitimada por el conjunto de la comunidad y practicada por ellas, como puede ser la fiesta, la forma en que eligen la autoridad,
incluso su lengua.
Mencionó que la venta de menores de edad tiene que ver con muchas condiciones, como el que las mujeres no tienen garantizado su acceso a la educación, los hombres tampoco.
“Con esto lo que quiero decir es que no forma parte esta práctica de los usos y costumbres, sino de la práctica de familias que no han tenido garantizado el acceso a sus derechos y requieren necesariamente de la intervención y acompañamiento de los gobiernos del estado y municipales, la comunidad en su conjunto atiendan esas
problemáticas para que no se presenten”.
Mencionó que para combatir esta problemática se trabaja en el proceso de la incorporación de las autoridades municipales y desde el gobierno federal garantizando que las niñas tengan becas para ir a la escuela.
Expuso, para finalizar, que se garantiza el derecho a la educación y se obtiene en consecuencia que las menores tengan información y puedan acceder al ejercicio de otros derechos, como puede ser el agrario, el cual se promueve como una herramienta para que las mujeres puedan decidir sobre la tierra y sobre su cuerpo, además de que están en proceso de formación con las autoridades comunitarias a base de diálogo.
