De la redacción
El Buen Tono
Lima.— El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, negó este jueves cualquier posibilidad de que su país irrumpa en la embajada de México en Lima para detener a la exprimer ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática. Álvarez subrayó que Perú respeta el derecho internacional y la inmunidad de las sedes diplomáticas.
“No es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano. Mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas”, afirmó el jefe del gabinete en entrevista con Canal N.
Sin embargo, indicó que el gobierno peruano denunciará a México ante sedes internacionales, por lo que consideran una injerencia en asuntos internos, en referencia a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Álvarez reiteró que Chávez, procesada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), no podrá salir del país sin un salvoconducto expedido y avalado por la cancillería. El Ejecutivo de José Jerí someterá a consulta la modificación de la Convención de Caracas, que regula el asilo diplomático, ante la OEA antes de autorizar cualquier salida.
El primer ministro precisó que el tiempo de estas consultas dependerá de la voluntad de los países miembros y podría tardar desde semanas hasta varios meses. Confirmó que el canciller peruano, Hugo de Zela, expondrá la situación ante la OEA, destacando que existen prácticas sistemáticas de refugio para personas acusadas formalmente de delitos según el Código Penal.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de este año, cuando el Tribunal Constitucional reconoció que su detención había sido arbitraria. Hace dos semanas recibió asilo por parte de México, donde permanece actualmente en la residencia del embajador.
Desde la concesión del asilo, Perú decidió romper relaciones diplomáticas bilaterales con México, que desde 2023 operaban sin embajadores debido a la falta de reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.
