AGENCIA
Nacional.- El discurso oficial insiste en la defensa de la soberanía nacional como eje de la política energética. Sin embargo, los hechos dibujan un escenario distinto: Mientras Petróleos Mexicanos arrastra una deuda multimillonaria con contratistas nacionales, el gobierno mexicano mantiene envíos masivos de petróleo y derivados a Cuba, sin claridad sobre pagos, en condiciones de opacidad y con crecientes riesgos legales y geopolíticos.
Pemex enfrenta una crisis financiera profunda. La empresa productiva del Estado mantiene adeudos en dólares con cientos de contratistas, situación que ha provocado la quiebra de numerosas compañías mexicanas, desde grandes corporativos hasta pequeñas y medianas empresas que dependen casi exclusivamente de la petrolera. Apenas esta semana se informó que Pemex comenzará a pagar adeudos correspondientes a 2025 por un monto de 29 mil millones de pesos, pero lo hará de manera trimestral y con un calendario que se extenderá hasta 2029. En los hechos, se pide a los contratistas que sobrevivan al menos tres años más sin liquidez suficiente.
En contraste, sólo en tres meses del año pasado México envió a Cuba petróleo y derivados por más de tres mil millones de dólares, alrededor de 60 mil millones de pesos, recursos que no se destinaron a sanear a Pemex ni a sostener a la cadena productiva nacional. La pregunta es inevitable: ¿qué aporta más a la soberanía y a la economía del país, pagar a empresas mexicanas que generan empleo o regalar miles de millones de dólares en hidrocarburos a un régimen extranjero?
El problema no se limita al impacto económico interno. Existen cada vez más indicios de que el crudo enviado a Cuba podría estar integrándose a mecanismos de contrabando internacional de petróleo en los que participan la isla y Venezuela. En el contexto actual, donde Estados Unidos mantiene un control estricto sobre la producción y comercialización del crudo venezolano, esta situación coloca a México en una zona de riesgo que contradice el discurso oficial de defensa de la soberanía.
El envío de petróleo venezolano a Cuba es considerado ilegal bajo el marco de sanciones estadounidenses, que prohíben transacciones con la petrolera estatal PDVSA y sus filiales. Estas restricciones también han alcanzado a países como China, destino de la mayor parte del crudo venezolano. En días recientes, fueron decomisados dos buques petroleros, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, vinculados a estas redes de evasión de sanciones. Algunas de estas embarcaciones están señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con Irán y por presuntamente financiar actividades ilícitas.
Estas operaciones forman parte de lo que autoridades estadounidenses han descrito como un “salvavidas financiero” para el régimen cubano. Para eludir sanciones y el rastreo internacional, se utilizan prácticas como la llamada flota oscura, compuesta por buques sin seguros internacionales y con transpondedores apagados; la triangulación mediante intermediarios y empresas en terceros países; y la falsificación de documentos o el uso de banderas de conveniencia.
Las presiones internacionales redujeron de forma drástica los envíos de crudo venezolano a Cuba en 2025, con niveles históricamente bajos. Ante esa caída, Cuba recurrió a México. Los envíos mexicanos alcanzaron niveles sin precedentes y son operados a través de una filial de Pemex creada exclusivamente para ese fin: Gasolinas Bienestar SA de CV, cuyo único cliente es la isla.
Los datos disponibles indican que en el primer semestre de 2025 se enviaron más de tres millones de barriles de crudo y derivados, con un promedio diario cercano a los 20 mil barriles. Entre finales de mayo y junio se registró un envío extraordinario que superó en un solo mes el volumen de los dos años previos, con decenas de embarques que partieron principalmente del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Algunos de estos cargamentos se habrían realizado incluso en buques sancionados internacionalmente.
Aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas ante autoridades financieras extranjeras, la filial Gasolinas Bienestar ha registrado pérdidas que coinciden con el valor de los envíos. Además, la empresa se ha negado a entregar comprobantes de pago de Cuba, argumentando que se trata de información privada, pese a tratarse de recursos públicos.
Los más de tres mil millones de dólares enviados a Cuba en sólo unos meses superan el presupuesto anual de instituciones completas del Estado mexicano y habrían sido suficientes para liquidar deudas con decenas de contratistas nacionales hoy asfixiados por la falta de pagos. En ese contraste se revela la contradicción central: mientras se invoca la soberanía, se comprometen recursos estratégicos del país en operaciones opacas, se debilita a Pemex y se abandona a empresas mexicanas que sostienen la industria energética.
La pregunta persiste y se vuelve incómoda: ¿defender la soberanía significa fortalecer la economía nacional o sacrificarla en nombre de alianzas políticas externas?
