De la redacción
El Buen Tono
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un grupo internacional de expertos que investigue los ataques armados que Estados Unidos ha realizado contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales en el marco de su lucha contra el narcotráfico.
Durante una audiencia celebrada en Guatemala, como parte del 195º periodo de sesiones de la CIDH, representantes de la organización señalaron que estas operaciones han dejado al menos 157 personas muertas desde septiembre del año pasado.
Jamil Dakwar, director del programa de Derechos Humanos de la ACLU, explicó ante la comisión que hasta el 12 de marzo de 2026 se han documentado 45 ataques armados contra embarcaciones, principalmente en aguas internacionales, con apenas tres sobrevivientes confirmados y nueve personas reportadas como desaparecidas.
El caso más reciente ocurrió el domingo pasado, cuando fuerzas armadas estadounidenses informaron que abatieron a seis hombres que viajaban en una pequeña embarcación en el Pacífico oriental, la cual presuntamente transportaba drogas.
Según la ACLU, la letalidad de los ataques ha dificultado incluso la identificación de las víctimas. Hasta ahora, únicamente dos personas han podido ser identificadas.
Los representantes de la organización calificaron estas acciones como posibles ejecuciones extrajudiciales y pidieron que la CIDH investigue los hechos, documente el impacto de esta política en los derechos humanos y analice sus consecuencias para las familias de las víctimas y las comunidades afectadas en países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, solicitaron que se determine si la estrategia estadounidense de realizar ataques letales contra embarcaciones viola el derecho internacional y que se desclasifique una opinión jurídica del Departamento de Justicia que, según indicaron, serviría de base legal para estas operaciones.
Por su parte, representantes del gobierno estadounidense defendieron las acciones. Carl Anderson, de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado, criticó que la comisión realizara la audiencia mientras existen procesos judiciales internos en Estados Unidos relacionados con el tema.
El funcionario sostuvo que las críticas forman parte de los señalamientos habituales de la ACLU contra las políticas de seguridad implementadas por la administración del presidente Donald Trump, las cuales —dijo— buscan fortalecer la seguridad en el continente.
En la audiencia también participó, mediante teleconferencia, el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quien coincidió en calificar los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales.
La CIDH recordó que este tipo de audiencias temáticas no constituyen investigaciones formales, sino espacios de diálogo entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para analizar temas relacionados con los derechos humanos.
