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De la Redacción

El Buen Tono


Amatlán de los Reyes, Ver.- Tras la denuncia de Brenda María Muñoz Vázquez por agresiones físicas, amenazas e intimidación, la Policía Municipal de Amatlán de los Reyes salió a deslindar a sus elementos de los hechos; sin embargo, su comunicado no detalla qué ocurrió el pasado 25 de junio ni presenta información sobre las actuaciones realizadas para esclarecer el caso.
Fue hasta este 14 de octubre, meses después de los hechos denunciados, cuando la corporación emitió un pronunciamiento oficial para rechazar la responsabilidad de sus elementos, señalados por la mujer de ingresar violentamente a su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, sin mostrar una orden judicial.
En su denuncia, Brenda María Muñoz Vázquez relató que cuatro policías municipales llegaron hasta su habitación, revolvieron sus pertenencias, la golpearon y le lesionaron un dedo. También acusó a los uniformados de empujar a sus hijos menores de edad e intimidarla con fotografías, bajo la advertencia de que no hablara sobre lo sucedido.
La mujer aseguró que su salud se deterioró después de la agresión y que tuvo que recibir atención médica de urgencia en dos ocasiones. Ante lo ocurrido, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia y anunció que buscaría atención y justicia en Xalapa.
Ahora, frente a la gravedad de los señalamientos, la Policía Municipal se limita a manifestar que sus elementos no fueron responsables y a enumerar los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos que, asegura, rigen su actuación.
Aunque la corporación afirma estar dispuesta a colaborar para esclarecer los hechos, su comunicado no precisa si existe alguna investigación interna, qué información ha aportado a las autoridades ministeriales ni cuáles son las acciones emprendidas para atender las acusaciones de la denunciante.
La postura oficial tampoco sustituye las investigaciones que correspondan ni resuelve por sí misma las acusaciones formuladas por Brenda María Muñoz Vázquez.
La última palabra deberá corresponder a las autoridades competentes, mediante una investigación que permita establecer qué ocurrió aquella tarde del 25 de junio y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

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