De la redacción
El Buen Tono
Toronto vivió uno de los golpes más duros a la credibilidad de su corporación policial luego de que siete agentes en activo y uno más retirado fueran arrestados y acusados formalmente por su presunta participación en una red ligada al crimen organizado, en un caso que incluye sobornos, filtración ilegal de información confidencial, asociación delictuosa para cometer homicidio y tráfico de drogas.
De acuerdo con las autoridades, los elementos habrían accedido de manera indebida a bases de datos oficiales para obtener información personal y privada de ciudadanos, la cual posteriormente entregaban a integrantes del crimen organizado, en algunos casos a cambio de dinero. Estos datos fueron utilizados para planear tiroteos y otros hechos violentos.
El jefe de la policía de Toronto, Myron Demkiw, calificó la situación como “dolorosa e inquietante” y advirtió que cuando el crimen organizado logra infiltrarse en una institución de seguridad, el daño va mucho más allá de los delitos individuales.
La investigación comenzó en junio, cuando se detectó un plan para asesinar a un encargado de correccionales. Los sospechosos ya contaban con información personal de la víctima y acudieron en varias ocasiones a su domicilio. En el tercer intento, fueron interceptados por agentes que resguardaban la vivienda, lo que derivó en detenciones y destapó la red de filtraciones internas.
Entre los acusados figura Timothy Barnhardt, señalado por proporcionar datos confidenciales a Brian Da Costa, considerado una figura clave del crimen organizado en el área metropolitana de Toronto y con presuntos vínculos internacionales. Otros agentes habrían recibido sobornos para proteger operaciones ilegales, incluidos dispensarios de cannabis y actividades relacionadas con cocaína.
Además de los policías implicados, otras 18 personas fueron detenidas, incluidos dos menores de edad. Los agentes quedaron bajo licencia y al menos cuatro podrían ser suspendidos sin goce de sueldo mientras avanzan los procesos judiciales.
Autoridades municipales y sindicales reconocieron la gravedad del caso. La alcaldesa Olivia Chow afirmó que la ciudadanía merece confiar plenamente en sus cuerpos de seguridad, mientras que la Junta de Servicios de Policía solicitó una revisión a fondo de los sistemas de supervisión, reclutamiento y acceso a información sensible.
El escándalo ha encendido las alertas sobre la capacidad del crimen organizado para infiltrarse incluso en las instituciones encargadas de combatirlo, dejando a la corporación bajo fuerte escrutinio público.
