

De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.– En medio de la negativa a transparentar (más bien de seguir ocultando) los ingresos generados por el sistema de parquímetros durante los primeros meses del año, Manuel Alonso Cerezo anunció la renovación (colocación a modo de personas cercanas a él) de los integrantes del Fideicomiso de Parquímetros, luego de que algunos supuestamente presentaran su renuncia; sin embargo, se menciona que han sido señalados de malos manejos, situación que se les ha comprobado y, por lo mismo, se les estaría obligando a renunciar.
El Manuel Alonso Cerezo justificó la medida al señalar que vence el plazo de los acuerdos pactados con este fideicomiso, el cual se cumplirá hasta el último día.
Sin embargo, el anuncio llega en un momento clave: la administración municipal ha evadido sistemáticamente (ocultado a como dé lugar) revelar cuánto dinero han pagado los conductores por concepto de multas y tarifas de estacionamiento en lo que va de 2026, a pesar de que el propio municipio ha documentado la aplicación de al menos 189 infracciones, equivalentes a más de 66 mil pesos únicamente por sanciones, de acuerdo con el valor de la UMA vigente.
La renovación del fideicomiso opera como un distractor que desplaza la atención sobre el fondo del problema: la ciudadanía desconoce el saldo actual del patrimonio administrado por este órgano, los intereses generados, los gastos ejercidos y, sobre todo, el destino de los recursos provenientes de las multas. Mientras se anuncia la salida de algunos integrantes y la llegada de otros (a modo), las arcas del fideicomiso permanecen cerradas a la fiscalización ciudadana.
El secretarismo y los cambios de nombres en el órgano colegiado no sustituyen la obligación legal de rendir cuentas. La ley de transparencia obliga al Ayuntamiento a informar sobre el manejo de los recursos públicos, independientemente de si estos se administran a través de un fideicomiso. Pero, en la práctica, el gobierno municipal ha utilizado la figura del fideicomiso como una caja negra: se anuncia su reestructura, se habla de plazos y acuerdos, pero no se presenta un solo estado financiero.
La opacidad se agrava con las contradicciones internas. Mientras Tesorería asignó un presupuesto de 911 mil pesos para operar parquímetros en 2026, la Jefatura de Recursos Humanos sostiene que no existe un área con esa denominación. Y mientras el Alcalde habla de renovar el fideicomiso, la Tesorera Municipal se escuda en que “no hay datos suficientes” para informar lo recaudado, argumentando que el cierre fiscal es hasta diciembre.
El anuncio de los cambios en el fideicomiso, lejos de abonar a la transparencia, profundiza la percepción de que el gobierno municipal prefiere mover las piezas del tablero antes que mostrar las cartas. La ciudadanía no requiere nuevos integrantes en el órgano; requiere saber cuánto dinero hay, cómo se ha gastado y por qué, a tres meses del año, la autoridad se niega a revelar cifras que ya deberían estar contabilizadas.
Los parquímetros siguen funcionando, las multas se siguen aplicando y el fideicomiso se renueva. Lo único que permanece intacto es el hermetismo sobre el dinero de los cordobeses.
