Yessica Martínez
El Buen Tono
XALAPA.— Con la remoción de Verónica Hernández Giadáns, Veracruz cierra uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de su Fiscalía General del Estado. Su salida no solo marca el fin de una gestión llena de opacidad, omisiones y confrontación con colectivos de búsqueda, sino que desmantela simbólicamente el último bastión visible del poder que ejerció Eric Cisneros Burgos, “Bola 8”, durante el yunismo morenista.
La ahora exfiscal llegó al cargo producto de una operación política calculada: la remoción de Jorge Winckler abrió la puerta para colocar a una pieza absolutamente funcional a los intereses de Cisneros, quien en aquel momento controlaba amplios resortes del gobierno de Cuitláhuac García. Desde entonces, Hernández Giadáns nunca dejó de obedecer órdenes externas, ejecutó vendettas disfrazadas de legalidad y mantuvo la institución al servicio de grupos políticos.
Durante cinco años y siete meses, la Fiscalía se hundió en una profunda crisis de resultados: Desapariciones forzadas sin resolver, fosas clandestinas sin identificación y un rezago criminal que ofendió a las familias. Cero avances sustantivos en feminicidios, violencia de género o violencia sexual y un rechazo reiterado a recomendaciones de organismos de derechos humanos. Así como un clima interno de intimidación, rotación, renuncias y descontento.
Colectivos como Solecito, Justicia y Dignidad, Madres en Búsqueda y familiares de víctimas fueron contundentes: “Con Verónica no hay justicia. Solo simulación”. A lo largo de su gestión, las protestas se multiplicaron, los reclamos se hicieron virales y su falta de sensibilidad con las víctimas se convirtió en su sello.
Incluso en su esfera personal se registró la detención de una prima suya ligada a la delincuencia, un hecho que aceleró señalamientos públicos y cuestionamientos sobre la cercanía de su familia con estructuras criminales, aunque la fiscal siempre pretendió minimizarlo.
VÍNCULO: BOLA 8 E
INTERESES OSCUROS
La sombra de Eric Cisneros, “Bola 8”, estuvo siempre detrás de sus decisiones. Hernández Giadáns obedecía más a Cisneros que a la institución. Su presencia en la Fiscalía funcionó como uno de los brazos operativos del exsecretario de Gobierno para ejercer presión, castigar adversarios y moldear expedientes a su conveniencia.
La caída de Verónica, de hecho, es vista por diversos actores como el último eslabón que quedaba del poder que Cisneros articuló durante el gobierno de Cuitláhuac García.
“Sin Verónica, se rompe la red que Bola 8 construyó dentro de la Fiscalía”, refieren fuentes consultadas.
REFORMA QUE
ACELERA SALIDA
La reforma al artículo 67 de la Constitución local —impulsada inicialmente en 2024 y reactivada este año— redujo el periodo de 7 a 4 años, redefinió los procesos de designación y remoción, y devolvió al Ejecutivo la facultad de separarlos del cargo por causas graves. Esta reforma fue el golpe final a una fiscalía debilitada, cuestionada y sin legitimidad social. Al ser aprobada por mayoría calificada y validada por los ayuntamientos, su salida fue automática, Verónica optó por renunciar antes de ser removida.
PENDIENTES
HEREDADOS
Hernández Giadáns dejó un desastre institucional: Carpetas de investigación estancadas, restos sin identificar. Casos de alto impacto archivados, recomendaciones de la CNDH incumplidas. Colectivos hastiados de promesas vacías, víctimas sin justicia, así como una Fiscalía señalada por operar al servicio de intereses políticos.
