De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La reiterada asignación de obras municipales al arquitecto Andrés Madrid Bogard, de la empresa Consagui, vuelve a poner bajo la lupa prácticas de favoritismo dentro de la administración que encabezó el exalcalde Juan Manuel Diez Francos, luego de que este profesionista fuera beneficiado en distintos proyectos de infraestructura urbana en la ciudad.
Madrid Bogard, quien se desempeñó como director de Obras Públicas del ayuntamiento de Orizaba durante el periodo 2014-2017, participó directamente en la gestión y ejecución de diversas obras municipales. Entre ellas destacan los techados instalados en la avenida Madero y en la alameda Francisco Gabilondo Soler, así como reparaciones en el Auditorio Metropolitano, proyectos que se promovieron como parte de la modernización del centro histórico.
La empresa Consagui, dedicada al diseño de estructuras metálicas y proyectos industriales —como alumbrado urbano y mobiliario estructural—, también ha sido vinculada a otros trabajos impulsados durante esa administración, entre ellos infraestructura relacionada con semáforos y la reciente estructura metálica destinada a una cafetería de la empresa Cafiver sobre Norte 1.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Veracruz, la adjudicación directa sólo puede aplicarse bajo supuestos específicos, como urgencias justificadas o cuando exista un proveedor único. En caso contrario, la repetición de contratos a un mismo empresario puede interpretarse como conflicto de interés o favoritismo, lo que abre la puerta a responsabilidades administrativas o incluso penales.
Uno de los antecedentes que marcó la gestión de Madrid Bogard ocurrió en 2015 en el fraccionamiento Villas Orizaba, donde vecinos de 66 viviendas se opusieron a la demolición de una barda que consideraban parte de su propiedad y que había sido levantada más de una década atrás para seguridad del conjunto habitacional. Durante el conflicto, el entonces director de Obras Públicas suspendió temporalmente los trabajos, pero también acusó a los residentes de intimidación y les advirtió que podrían perder servicios municipales si no cedían derechos de vía.
