Agencias
Nacional.- La reforma constitucional sobre prisión preventiva, en discusión en la Cámara de Diputados, podría llevar a prisión preventiva automática a quienes sean sospechosos de delitos fiscales, como defraudación fiscal, contrabando y manejo de comprobantes fiscales falsos, sin necesidad de probar su culpabilidad, advirtieron analistas. Esto generaría inseguridad jurídica, pues cualquier empresa o contribuyente acusado de estos delitos estaría obligado a enfrentar prisión sin evaluación de riesgo, según un especialista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado que esta medida vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Juan Carlos Pérez Góngora, experto fiscal, expresó preocupación sobre los límites entre evasión de impuestos y contrabando, sugiriendo cautela para evitar abusos en la aplicación de la reforma.
