De la redacción
El Buen Tono
Versiones extraoficiales apuntan a la presunta remoción de Karla Díaz Hermosilla como titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur, con sede en Coatzacoalcos, cargo que ocupaba desde marzo de 2024 tras su nombramiento por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Hasta el momento, la FGE no ha emitido una postura oficial sobre el supuesto relevo, por lo que se mantiene la expectativa de una confirmación en las próximas horas. El posible movimiento ocurre en un contexto de cuestionamientos por el manejo de casos sensibles en la región sur de la entidad.
Uno de los antecedentes que rodean esta situación es el caso del periodista Rafael “Lafita” León Segovia, conocido por su cobertura de hechos violentos y sucesos de seguridad en Coatzacoalcos. El comunicador fue detenido y vinculado a proceso por delitos como encubrimiento por favorecimiento y conductas contra las instituciones de seguridad pública.
De manera inicial, la FGE buscó imputarle el delito de terrorismo, acusación que generó críticas por una posible criminalización del ejercicio periodístico. En diciembre de 2025, un juez desestimó ese cargo y mantuvo únicamente los otros señalamientos, imponiendo como medida cautelar el arraigo domiciliario.
De acuerdo con versiones periodísticas y declaraciones del propio periodista, la fiscalía regional habría considerado que su labor informativa, en particular la difusión de hallazgos de cadáveres, mensajes atribuidos al crimen organizado y otros hechos violentos, generaba temor entre la población.
Karla Díaz Hermosilla es abogada y cuenta con diversos posgrados en ciencias penales, criminalística y litigación. A lo largo de su trayectoria en Veracruz ha ocupado distintos cargos como agente y fiscal en unidades y agencias del Ministerio Público, antes de asumir la titularidad de la Fiscalía Regional de la Zona Sur.
Durante su gestión, acompañó a la fiscal general en supervisiones y proyectos institucionales en Coatzacoalcos y otros municipios de la región, con énfasis en la mejora de procesos y la atención a víctimas. Mientras no exista un pronunciamiento oficial, la presunta remoción permanece en el terreno de las versiones no confirmadas.
