De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Los privilegios de ser la dueña del terreno en donde se levanta el cuartel de la Policía Vial y, al mismo tiempo, hermana del alcalde Juan Manuel Diez Francos, han convertido a Flor Diez Francos en una figura intocable frente a la ley, misma que el ayuntamiento dice hacer respetar en Orizaba.
Mientras ciudadanos comunes son sancionados, hostigados e incluso exhibidos por estacionarse en lugares indebidos, ella goza de una especie de blindaje evidente, respaldado por una estructura de poder familiar y económica que se entrelaza directamente con el gobierno municipal.
Este lunes 1 volvió a quedar en evidencia esa doble moral. Un vehículo color negro, placas YAX-313-B, fue visto estacionado en un punto claramente prohibido en la zona céntrica de la ciudad. Presuntamente, la unidad era conducida por Flor Diez Francos. A pesar de la flagrante violación al reglamento de Tránsito, ningún agente de la Policía Vial intervino, aplicó infracción o realizó llamado de atención.
En cualquier otro caso, el procedimiento es inmediato: multa, boleta, exposición pública e incluso arrastre de la unidad. Sin embargo, cuando se trata de un apellido ligado al poder, la ley desaparece o, simplemente, no funciona.
La situación adquiere una dimensión más grave al recordar que el inmueble donde operan las oficinas de la Policía Vial es propiedad de Flor Diez Francos y rentado al ayuntamiento, lo que significa que recibe recursos públicos de manera directa, claro hecho de corrupción. Un conflicto de intereses evidente que ha sido señalado en otras ocasiones por diversos medios, sin que hasta ahora exista una investigación, observación o sanción por parte de las instancias competentes.
Este entramado de relación familiar, beneficio económico y protección institucional, se ha sostenido bajo el silencio de la síndica Michel Fragoso, así como de la Contraloría Municipal y el Órgano Interno de Control, entes obligados por ley a vigilar, investigar y sancionar actos de corrupción, tráfico de influencias o uso indebido del cargo público.
Para muchos, este caso confirma lo que desde hace tiempo se comenta en voz baja, pero cada vez más en voz alta: en Orizaba no todos son iguales ante la ley. Hay ciudadanos de primera, que pueden romper el reglamento sin consecuencias, y ciudadanos de segunda, perseguidos, multados y sometidos a arbitrariedad.
Mientras el gobierno municipal da discursos de orden, legalidad y “pulcritud”, los hechos desmienten esa narrativa y exhiben una administración donde el apellido pesa más que el reglamento, y los vínculos familiares están por encima de la legalidad, algo que es solapado por los demás ediles bajo la sombra de la corrupción.
