AGENCIAS
Veracruz. — La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó dos operativos en Veracruz y determinó la clausura temporal total de un aserradero en Altotonga y de un predio en Alvarado, tras detectar irregularidades relacionadas con el manejo de recursos forestales y actividades de extracción de material pétreo.
En Altotonga, durante una inspección realizada del 28 al 30 de julio, la Profepa detectó que el establecimiento no contaba con toda la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia de la madera. Aunque presentó documentos que acreditaban su instalación y funcionamiento, así como registros de existencias, no fue posible verificar la correspondencia entre el inventario físico y la documentación presentada.
En el lugar fueron localizados 225.573 metros cúbicos de madera aserrada de pino, 21.128 metros cúbicos de madera para cajas de empaque, 5.681 metros cúbicos para tarimas y 149.614 metros cúbicos de madera en rollo de pino. También se encontraron 14 equipos de aserrío, entre sierras, torres, cepillos y una tabletera.
Ante las irregularidades, la autoridad ordenó la clausura temporal total y el aseguramiento precautorio de toda la madera y maquinaria localizada en el establecimiento.
En Alvarado, la intervención ocurrió a partir de una denuncia ciudadana por presunta extracción de material pétreo. La inspección realizada el 21 de julio detectó un predio de aproximadamente 100 mil 830 metros cuadrados, con vegetación característica de ecosistemas costeros.
Aunque durante la visita no se encontraron actividades de extracción en curso, sí fueron localizadas instalaciones para el procesamiento de arena, cuartos de block y rampas. El responsable no presentó la autorización de impacto ambiental requerida por la Semarnat para este tipo de actividades.
Por ello, Profepa impuso también la clausura temporal total del predio, al considerar que las obras y actividades representan un riesgo de deterioro para el ecosistema costero.
Las autoridades continuarán con los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades y las medidas que deberán aplicarse en ambos casos.
