

Laura A. García
El Buen Tono
Yanga.- Al menos 180 profesores adscritos a la Supervisión Escolar 081 con sede en este municipio, suspendieron clases ayer para exigir a la SEV la salida de la asesora Técnica Pedagógica (ATP), Naida Martínez Silva, a quien acusan de vulnerar el derecho profesional, dignidad e integridad del personal con malos tratos.
Debido a lo anterior, 2 mil 400 estudiantes de 34 instituciones educativas de Yanga, Cuitláhuac y Carrillo Puerto se vieron afectados por el paro de labores.
Los docentes se manifestaron frente a las instalaciones de la supervisión y de algunos planteles para plantear sus demandas a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Refirieron que emprendieron el proceso de queja desde hace año y medio, pero sin respuestas hasta el momento, por eso decidieron actuar.
El paro de actividades educativas, que inició ayer será por tiempo indefinido, según los manifestantes, buscan presionar para que las autoridades remuevan a la ATP de su cargo en esta zona.
En entrevista, algunos profesores explicaron sus acusaciones. Gema Elizabeth Hernández Solis y Julio Santiago, entre otros, afirmaron que la asesora no brinda un trato adecuado ni una asesoría efectiva cuando acuden con dudas pedagógicas, para los maestros multigrado como para el resto.
“Cuando tenemos una duda no nos da el mejor trato ni asesora, se burla de nosotros y es sarcástica al hablarnos, especialmente con los compañeros de nuevo ingreso que tienen dudas al incorporarse al sistema educativo”, expresó uno de los entrevistados.
Por su parte, la funcionaria acusada quien estaba al otro extremo de la Supervisión Escolar, declaró que los maestros “apoyan a la dependencia” y que no le quedaba clara la razón de la manifestación.
Respecto al conflicto, afirmó: “Hace tiempo tuve una diferencia, pero tengo documentos que demuestran que ese problema terminó”.
Hasta el momento, la SEV no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto laboral, las acusaciones específicas o sobre las medidas que tomará para restablecer el servicio educativo en las 34 escuelas afectadas y mediar en la disputa entre el personal docente y la asesora técnica a la que rechazan.
