Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba.- La justicia debe dejar de ser un “edificio de piedra” para convertirse en un sistema evaluable, cercano y transparente. La abogada Esmeralda Ixtla Domínguez, candidata a magistrada penal federal, despliega una agenda que busca revolucionar la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.
Con 38 años y una trayectoria de 13 años en tribunales estatales y federales, Ixtla presenta su propuesta estrella: la creación de indicadores sociocurídicos que midan el impacto real de las sentencias en la sociedad.
En entrevista, delineó tres ejes centrales de su campaña. El primero, justicia para las víctimas, apunta a reparar décadas de abandono institucional. “Es hora de asumir el compromiso de reparar el daño y darles la justicia que nos han exigido”, declaró, criticando un sistema que históricamente ha priorizado procesos burocráticos sobre resultados tangibles.
El segundo eje, justicia con rostro humano, busca derribar la frialdad de los tribunales. “Las resoluciones deben ser claras y accesibles. La ciudadanía tiene derecho a entender y exigir”, subrayó, proponiendo campañas de difusión pedagógica y audiencias públicas.
Pero es su tercera propuesta la que marca la diferencia: transparencia con métricas concretas.
Esmeralda Ixtla plantea un modelo inédito en el Poder Judicial Federal: la implementación de indicadores que evalúen no sólo la eficiencia procesal, sino el impacto social de las sentencias. “No basta con emitir fallos; necesitamos saber si estos resuelven conflictos comunitarios, previenen la reincidencia o restauran a las víctimas”, explicó.
La fórmula, según detalló, implicaría encuestas pos-sentencia, informes públicos de seguimiento y la colaboración con universidades para diseñar parámetros cualitativos y cuantitativos. “Si una sentencia satisface o no los intereses sociales debe determinar la propia sociedad, no sólo los jueces”, insistió.
Este enfoque responde a una crítica recurrente: el 74% de los mexicanos desconfía del sistema judicial, según el INEGI (2023). Para Ixtla, la opacidad y el lenguaje técnico alejan a la ciudadanía. “Un poder judicial que no rinde cuentas es un poder que no sirve”, sentenció.
Una carrera vs la desconfianza
Con raíces en Córdoba y formación en la Universidad Veracruzana, Ixtla acumula experiencia en múltiples roles: desde secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia hasta asesora en seguridad pública. Ahora, aspira a ocupar una de las cuatro vacantes para magistradas federales en el Distrito 2, que abarca de Huatusco a Ciudad Isla.
En medio de una elección histórica, la primera en la que los ciudadanos votan directamente por jueces y magistrados federales, su campaña enfrenta un doble reto: explicar la función de un cargo técnico y convencer sobre su utilidad cotidiana. “Votar por el Poder Judicial es votar por cómo queremos que se aplique la Constitución en casos concretos: desde derechos indígenas hasta combate a la corrupción”, argumentó.
