Efraín Hernández
EL BUEN TONO
Fortín, Ver.- Mientras decenas de familias fortinenses sufren cortes en el suministro de agua por no poder pagar sus recibos, en el Ayuntamiento de Fortín se solapa a funcionarios que también presentan adeudos, pero que gozan de impunidad y protección política.
Documentos oficiales de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF) revelan que Erika Teresa Hernández Sánchez, empleada municipal y actual asistente particular del presidente Gerardo Rosales Victoria, cuenta con una orden de suspensión por tener más de 10 meses de adeudo en el pago del servicio de agua potable, que asciende a 842.57 pesos. Pese a ello, no se le ha ejecutado el corte, a diferencia del trato que reciben ciudadanos comunes.
Ericka de Jesús, como se le conoce al interior del Ayuntamiento, es señalada por empleados como la operadora directa del alcalde en acciones de intimidación contra trabajadores, especialmente aquellos que no se alinean a los intereses del círculo cercano al edil. Desde su oficina, ubicada en Palacio Municipal, habría ordenado amenazas y represalias contra personal sindicalizado y de confianza.
La documentación a la que se tuvo acceso muestra que la orden de suspensión fue generada desde el pasado 9 de septiembre de 2024 por parte del departamento de Control de Rezago de la CASF. A pesar de tener registrado el medidor y estar plenamente identificada su cuenta, la instrucción sigue sin ejecutarse, evidenciando el favoritismo del organismo hacia una servidora pública que, lejos de dar el ejemplo, incurre en incumplimiento.
