México.- “El Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el Gobierno de México estaría desacatando las recomendaciones de los especialistas”, porque la milicia está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la admnistración federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan —y abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa—, Abel Barrera Hernández.
En una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el Gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los militares”. Reiteró que el Gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos investigara y apoyara.
