Tuxtilla, Veracruz.– La jornada electoral del pasado 1 de junio derivó en una grave crisis social en este municipio del sur de Veracruz, luego de que un grupo de ciudadanos inconformes con los resultados denunciara un presunto fraude electoral y actos de nepotismo por parte de la administración local.
Los disturbios iniciaron la tarde del domingo, cuando unas 50 personas salieron a protestar tras conocerse los resultados preliminares que daban el triunfo a la candidata de la coalición Morena–Partido Verde, quien habría obtenido 981 votos, superando por 225 sufragios al abanderado del PRI.
Los manifestantes acusan que la candidata ganadora es tía de la actual alcaldesa, Leydi Vergara de Estrada, esposa de un expresidente municipal, lo que consideran un claro acto de nepotismo e imposición política.
Durante la protesta, los inconformes incendiaron una casilla ubicada en una escuela y más tarde atacaron el Palacio Municipal, donde prendieron fuego a parte del inmueble y destruyeron material electoral. Además, se reportaron disparos al aire por parte de elementos de la Policía Municipal, lo que elevó la tensión.
Ante la violencia, intervinieron fuerzas de la Guardia Nacional, SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que implementaron un operativo de vigilancia en el municipio. Como medida de contención, se excluyó a la Policía Municipal de estos operativos, tras señalamientos ciudadanos de presunta complicidad durante el proceso electoral.
Hasta este martes, el Palacio Municipal permanece tomado por habitantes que exigen la anulación de los comicios y la repetición de la elección. Advierten que no levantarán su protesta hasta recibir una respuesta formal de las autoridades electorales.
El caso de Tuxtilla se suma al de Hidalgotitlán, donde también se han denunciado irregularidades electorales y ha sido necesaria la presencia de fuerzas federales para restablecer el orden.
Por el momento, el OPLE Veracruz no ha emitido una resolución sobre el conflicto en Tuxtilla, mientras la población insiste en su demanda de transparencia y justicia electoral.
