DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.– Un grupo de transportistas encabezados por el diputado de Morena Juan Tress Zilli, Mario Olvera de Gasperin y Carlos Demuner Pitol, dirigente de la Coalición de Transportistas de Veracruz, volvió al debate público para exigir un aumento generalizado a la tarifa del transporte urbano, intentando presionar a la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, con la amenaza de paralizar el servicio en la entidad y trasladar a los usuarios el costo de un modelo de operación que arrastra años de malas decisiones, abandono del servicio y falta de reinversión.
Con un discurso centrado en la supuesta pérdida de empleos, la cual ellos mismos han provocado, los transportistas omiten que los usuarios han optado por mejores alternativas ante un servicio caro, lento y decadente. Hoy resulta más factible y económico utilizar aplicaciones de transporte como Didi o Uber, o incluso adquirir una motocicleta a crédito o un vehículo de bajo costo, que pagar diariamente un transporte público ineficiente.
Demuner afirmó que, en once años sin ajuste tarifario, desaparecieron alrededor de seis mil autobuses y cerca de 18 mil fuentes de trabajo. Sin embargo, su narrativa omite que el colapso del transporte urbano no obedece únicamente al congelamiento de tarifas, sino a prácticas deficientes, manejo opaco de recursos y abandono sistemático de rutas.
También omitió mencionar que una de las prácticas más comunes y de conocimiento público en el sector es la compra de huachicol o diésel robado, así como de refacciones de contrabando, lo que reduce considerablemente los costos de operación y genera ganancias millonarias. Por ello, solicitar un subsidio al diésel resultaría inútil, ya que el combustible ilegal es más barato que cualquier apoyo gubernamental y, lejos de beneficiarlos, reduciría sus márgenes de ganancia.
De acuerdo con testimonios de trabajadores de estas líneas, el huachicol es una pieza clave en el negocio de este grupo de transportistas, quienes utilizan grandes volúmenes para disminuir costos de operación. Esta práctica podría evidenciarse fácilmente mediante una auditoría que confronte el gasto facturado en combustible con el número de corridas por unidad, arrojando diferencias abismales que delatarían la compra de diésel en el mercado negro, ya sea huachicol robado o huachicol fiscal. Desde años atrás, este grupo ha sido señalado por su vinculación con redes de huachicol, un esquema que permitió reducir costos de manera ilegal mientras se simulaban crisis financieras y se justificaba el deterioro del servicio. Estas prácticas consolidaron un modelo que priorizó el beneficio privado por encima de la calidad del transporte público.
Ahora buscan que la tarifa alcance o supere los 15 pesos, tomando como referencia el sistema Ulúa del puerto de Veracruz, sin presentar compromisos reales de mejora ni planes verificables de renovación del parque vehicular.
Especialistas en la materia, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalaron:
“No solicitan subsidio al combustible ni apoyos para modernizar unidades porque eso obligaría a legalizar la compra de diésel y perder el margen de ganancia que les deja el huachicol. Por eso insisten en cargar sus ganancias al costo del pasaje, y quienes terminarán pagando serán los más pobres: los usuarios del transporte público”.
