Córdoba.– Reviviendo un viejo asunto laboral que se llevó a cabo en la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 54 de Orizaba, con el número de expediente laboral 39/00, el despacho del licenciado Diego Fernández de Ceballos pretendió con un impresionante operativo de seguridad pública desalojar el inmueble de La Galletera, ubicado en la calle 33 esquina con la avenida 1 de Córdoba.
Este edificio actualmente está en posesión de la empresa de la familia Salazar Bello Fletera Knows S.A. de C.V., sin embargo, esta última empresa promovió un amparo el número 2232/2015 y el juez décimo segundo de Distrito le otorgó la suspensión y la Junta laboral se vio impedida para desalojarla.
Este asunto se generó por una disputa mercantil entre la Unión de Crédito del Estado de Veracruz, que maneja Javier Perdomo Bueno, y el empresario Francisco Salazar Bello.
El despacho de Diego Fernández de Cevallos representa a la Unión de Crédito y, en asociación con el licenciado Rodolfo Reus Medina, han emprendido diversos juicios con la finalidad de apoderarse del inmueble conocido como La Galletera, ubicado en la dirección antes mencionada.
Todo empezó cuando Rodolfo Reus Medina, quien era abogado de la familia Salazar Bello, recibió diez millones de pesos de la empresa ERA S.A. de C.V., para adquirir como postor en el juicio laboral 39/00 el inmueble de La Galletera, con la promesa de que una vez adjudicado el predio, solicitaría que fuera escriturado a nombre de esa empresa. Para convenir lo anterior, Rodolfo Reus cedió los derechos litigiosos del juicio laboral 39/2000 de la Junta Federal numero 54 a la empresa Alimentación S.A. de C.V., mediante el instrumento notarial 25933, de fecha 1 de marzo del 2007, expedido por el notario 8 de Córdoba, Veracruz, el licenciado Agustín Limón Krauss.
Sin embargo, Reus Medina, en los tiempos en que fue procurador general de la República Lozano Gracia, por las influencias de Diego Fernández de Cevallos, fue apresado por presunto lavado de dinero, ya que la Procuraduría General de la República abrió una investigación en su contra por presunto lavado de dinero, por el hecho de que era inverosímil que ese abogado, de repente, sin justificación alguna, tuviese en su cuenta diez millones de pesos.
Así las cosas, presionaron mediante la Procuraduría General de la Republica al abogado Reus medina para que no escriturara el inmueble a la Empresa Alimentación S.A. de C.V. y lo diera en fideicomiso a Banca Mifel para que así, de manera indirecta, la Unión de Crédito de Javier Perdomo Bueno pudiera vender el inmueble y cobrarse viejas deudas que tenían con el las empresas de la familia Salazar Bello.
Han pasado cinco años de litigios y el empresario Francisco Salazar Bello ha ganado diversos juicios civiles y amparos, pues ha logrado demostrar que el inmueble que pretende adjudicarse Perdomo Bueno es ajeno al adeudo que tiene su familia con la Unión de Crédito.
Alfonso Pérez
el buen tono
