AGENCIA
Xalapa, Ver.- El exfiscal general del estado, Jorge “N”, continuará en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control ratificó esta medida cautelar dentro del proceso penal 185/2026, en el que enfrenta acusaciones por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La resolución fue emitida la noche del 9 de abril durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa, en la que se analizó la permanencia de la medida cautelar. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que el exfuncionario permanezca privado de la libertad por un periodo de un año, en los mismos términos establecidos desde el pasado 18 de marzo.
La audiencia concluyó alrededor de las 22:15 horas y fue presidida por Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Xalapa.
De acuerdo con la imputación, Jorge “N” habría ejercido como fiscal general del estado entre el 30 de diciembre de 2016 y el 3 de septiembre de 2019 sin cumplir con el requisito obligatorio de aprobar los exámenes de control y confianza ante una instancia federal acreditada.
La acusación señala que el exfuncionario presuntamente instruyó a personal bajo su mando para que dichas evaluaciones se realizaran dentro de la propia Fiscalía, fuera de los protocolos oficiales establecidos.
Asimismo, se le atribuye haber ordenado, el 24 de agosto de 2019, que tanto él como el entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, fueran evaluados internamente, tras lo cual se habrían emitido documentos para acreditar su supuesta aprobación.
Ambos exfuncionarios fueron posteriormente removidos de sus cargos por el Congreso del Estado.
Cabe recordar que Jorge “N” fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido por otros delitos, aunque posteriormente obtuvo un amparo que le permitió recuperar su libertad en ese momento.
El proceso penal en su contra continúa en curso, mientras las autoridades judiciales avanzan en el desahogo de pruebas para determinar su situación legal.
