

Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Al menos seis tiraderos clandestinos detectados, 30 toneladas de residuos retiradas, un basurero que ya volvió a aparecer después de ser limpiado y ninguna sanción aplicada. Estos son los números que la Coordinación de Servicios Municipales reporta sobre la problemática de los residuos en Córdoba.
Los datos obtenidos vía transparencia y las declaraciones del propio coordinador de Servicios Municipales revelan una gestión ambiental deficiente que opera sin el principal instrumento legal para hacer cumplir la ley: las multas.
CERO SANCIONES EN UN AÑO Y MEDIO
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 950546126000170, emitida por la Jefatura de Protección Ambiental el 17 de febrero de 2026, el municipio no ha aplicado una sola sanción económica por violaciones a los reglamentos ecológicos durante 2025 y lo que va de 2026. La explicación oficial es que “no se levantan actas de sanción” sino “notificaciones y apercibimientos”, y que las personas requeridas “cumplieron y evitaron sanciones”.
En entrevista, el coordinador de Servicios Municipales reconoció que tienen detectados seis basureros clandestinos: en unidades habitacionales, la USBI, uno en la colonia Pardo, y dos en Filtros. Solo en uno de ellos se retiraron 12 camionadas de residuos, equivalentes a 30 toneladas. El problema es que, una vez limpiado, el sitio de la USBI “ya está otra vez con asientos, llantas y escombro”.
Ante la reincidencia, la autoridad admite su incala legal: “no tenemos responsable quién los tira”, “tendríamos que tener una persona exclusiva para ver los puntos”. La estrategia se limita a limpiar y pedir a la ciudadanía que denuncie con fotografías de placas, mientras las sanciones siguen sin aplicarse.
El argumento contrasta con lo dispuesto en el Reglamento de Residuos Sólidos y Limpia Pública, que en sus artículos 58 y 59 establece multas que van de 10 a 20 mil días de salario mínimo para quienes infrinjan disposiciones como arrojar basura en la vía pública, depositar residuos en lugares no autorizados o quemar desechos a cielo abierto. La autoridad reconoce que no hay sanciones porque el sistema hacendario está en proceso de “alineamiento”, una traba administrativa que mantiene a la ley en suspenso.
INSPECCIONES SIN DIENTES Y PROGRAMAS INEXISTENTES
Y es que mismo documento oficial detalla que las inspecciones realizadas a giros comerciales se hicieron “en el marco de la competencia municipal”, excluyendo actividades consideradas riesgosas o altamente riesgosas. No se especifica cuántas supervisiones se efectuaron, ni cuántas observaciones se formularon.
En materia de residuos de manejo especial, el municipio presentó comprobantes de disposición final únicamente de basura electrónica y aceite durante 2025. No hay manifiestos de llantas, filtros o residuos generados por talleres mecánicos, pese a que el reglamento obliga a llevar un control estricto.
El rubro de educación ambiental es quizá el más crítico: en 2025, el municipio “no tenía un programa como tal”, solo se acudía a escuelas cuando solicitaban charlas. No fue sino hasta 2026 que se diseñó un programa con pláticas dos veces por semana. Es decir, durante todo un año, la administración careció de una estrategia estructurada para formar a la ciudadanía en el manejo de residuos.
