Xalapa, Ver.— A escasos meses de concluir su periodo como rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez ha presentado una solicitud de prórroga por cuatro años más al frente de la institución. Su petición, aunque legal en términos de la Ley de Autonomía Universitaria, ha desatado un fuerte debate ético, jurídico y político dentro y fuera de la comunidad universitaria.
La Honorable Junta de Gobierno de la UV, integrada por nueve académicos —cinco internos y cuatro externos— recibió el 29 de mayo la solicitud de Aguilar Sánchez y abrió una consulta para valorar su continuidad. Según el rector, su propuesta está respaldada por el artículo 10 de la Ley de Autonomía de la UV, que contempla una prórroga única de cuatro años sin mencionar límites de edad como los que sí aplican en una nueva elección mediante convocatoria.
Pero detrás del lenguaje técnico y los artículos legales, hay una estrategia política que ha generado molestia y sospechas. Aguilar Sánchez evita el camino tradicional: el de la convocatoria pública que permite la participación de otros aspirantes, como ha sido la norma desde que la UV obtuvo su autonomía. Con este movimiento, elimina de facto la competencia interna y se posiciona como único interesado en seguir, bajo el argumento de dar continuidad a un proyecto universitario.
“El rector no está obligado a continuar, nadie se lo ha pedido. Es él quien busca permanecer. Por tanto, hablar de una consulta democrática en torno a su prórroga carece de legitimidad”, señala el periodista José Luis Ortega Vidal, quien ha seguido de cerca el tema. Y advierte: “Es muy simple: Martín Aguilar Sánchez corrompe actos internos de la UV dentro del marco legal; respeta la ley universitaria, sí, pero a su conveniencia”.
La prórroga, aunque técnicamente válida, nunca ha sido usada en la historia de la UV. De ahí que se considere un recurso inédito, ambiguo y hasta polémico, ya que la ley no prohíbe su uso, pero tampoco establece procedimientos claros ni condiciones específicas, más allá del tiempo permitido.
El rechazo al intento del rector no es menor. Exrectores como Víctor Arredondo, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara han manifestado su desacuerdo, argumentando que tal maniobra representa una ruptura al proceso democrático universitario. A su vez, integrantes de la comunidad académica y estudiantil señalan que la Junta de Gobierno ha mantenido una actitud opaca al no convocar formalmente a otros perfiles ni abrir un debate transparente sobre el futuro de la rectoría.
Así, en medio de una consulta que muchos consideran simulada, sin reglas claras ni legitimidad democrática, la Universidad Veracruzana se encuentra en una encrucijada: permitir que el rector continúe apelando a una prórroga legal pero éticamente cuestionable, o exigir el cumplimiento del proceso institucional que garantice pluralidad, participación y transparencia.
