De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La autoridad municipal ha otorgado obras que no se materializan para la ciudadanía, por ejemplo, dos contratos para bacheo de $9.4 millones al contratista que intervino en el gimnasio de San José.
El gobierno de Juan Martínez, mantiene un patrón preocupante en la asignación de obras públicas que merece escrutinio. Jesús Alberto Romero Moreno, operando bajo razones sociales como Infraestructuras Rovisa, SA de CV y SVL Construcción y Edificación de Espacios SA de CV, se ha consolidado como contratista recurrente, pese a evidencias de irregularidades.
Su domicilio fiscal registrado en una vivienda de la unidad Arboledas sugiere estructuras empresariales ‘fantasma’, mientras acumula contratos millonarios. El modus operandi se hizo evidente primero con el gimnasio “Unidad y Trabajo” en San José, donde una obra de $1.7 millones terminó en desastre: filtraciones convirtieron el espacio en una alberca durante las lluvias, obligando al ayuntamiento a exigir garantías tardíamente. Paradójicamente, mientras ese fracaso técnico se ventilaba, la administración adjudicaba a Romero Moreno dos contratos adicionales por $9.4 millones para bacheo. Uno de ellos, particularmente ambiguo, menciona genéricamente “calles varias de la zona norte” sin especificar tramos, evitando fiscalización precisa.
La ciudadanía vive las consecuencias. Avenidas críticas como la 4 y 2 (en tramos de calle 7), o la calle 13, exhiben pavimentos colapsados donde bloques de concreto afloran, haciendo intransitable esa zona. Estas condiciones contradicen los objetivos declarados en los contratos de “rehabilitación” y exponen un ciclo perverso: obras mal ejecutadas generan necesidad de más contratos correctivos, alimentando la maquinaria de asignaciones discrecionales.
El comunicado del 1 de julio de 2025, donde el director de Obras Públicas, Abner Arturo Ceballos Lozano, anuncia la aplicación de garantías para el gimnasio, evidencia la impunidad y corrupción. Se limita a medidas reactivas sin investigar responsabilidades, mientras la Contraloría Municipal brilla por su ausencia en auditar porqué empresas con domicilios cuestionables y desempeño deficiente siguen obteniendo licitaciones.
