Tinta Ácida
El Buen Tono
Córdoba, Ver.— Miguel Ángel Rojas González y Blas Osvaldo Martínez, coordinador y asistente del departamento jurídico del Ayuntamiento de Córdoba, forman parte de una red de corrupción que ha operado desde la pasada administración municipal y que continúa en la actual. Ambos han sido señalados por regidores y medios locales como piezas clave en el manejo irregular de recursos públicos y en la protección jurídica de actos cometidos por el alcalde Juan Martínez Flores y la síndica Vania López González.
Desde el área jurídica del ayuntamiento se elaboraron y avalaron contratos con empresas fantasma, así como maniobras legales para encubrir fraudes financieros. Durante el Ejercicio Fiscal 2024, la Sindicatura Municipal contó con un presupuesto de 33 millones 635 mil 185 pesos, recursos que fueron redistribuidos a áreas bajo su control. De ese monto, más de 10 millones de pesos se destinaron al área jurídica operativa, encabezada por Miguel Ángel Rojas González, para el manejo de laudos laborales, incluso con empleados inexistentes y personal que también labora en otros municipios.
El departamento jurídico también ha sido señalado por intervenir de manera irregular en los mercados municipales. Comerciantes acusan que Blas Osvaldo Martínez ha gestionado traspasos de locales entre particulares, obteniendo beneficios económicos y permitiendo que algunos concesionarios concentren más de cinco locales para rentarlos, a pesar de que los inmuebles son propiedad del ayuntamiento y el reglamento de comercio lo prohíbe. Existen listas de personas que lucran con locales del Mercado Revolución con la autorización del área jurídica.
Actualmente, el departamento jurídico cuenta con una plantilla cercana a 15 abogados, quienes además de atender asuntos del ayuntamiento, litigan casos particulares en juzgados civiles. Rojas González y Martínez participaron en la campaña municipal de Manuel Alonso Cerezo por el Partido Verde, con la intención de mantenerse en la coordinación jurídica durante la próxima administración. Ambos han sido vinculados también con el encubrimiento de irregularidades en gobiernos municipales anteriores, lo que refuerza las acusaciones de una red de corrupción que busca permanecer dentro de la nómina pública.
