Está de moda y es políticamente correcto denunciar que una ola de violencia invade México. La violencia y su impunidad no son falsas. Ahí están todos los días. No sólo de estos días, sino de mucho días, meses años, décadas antes.
También está de moda, es políticamente correcto y (antes de que alguna jauría se venga tras del escribidor) justo y obligatorio denunciar las desapariciones y luchar por las presentaciones de aquellos que están ausentes contra su voluntad. Las desapariciones forzadas y su impunidad no son falsas. Ahí están todos los días. También en este caso no sólo de estos días, sino de muchos días, meses años, décadas antes.
El viernes pasado, en estas páginas de Excélsior, mi compañero reportero Andrés Becerril presentó un trabajo sobre el peor mes de desaparecidos en el estado de Guerrero: octubre de 1974, hace exactamente 40 años.
En ese entonces, fueron 48 los mexicanos desaparecidos, ligados por el gobierno con la guerrilla de Lucio Cabañas, un maestro que había estudiado en Ayotzinapa. De ellos, como de los 43 estudiantes de ahora, se saben sus nombres y sus edades, pero todavía, luego de cuatro décadas, se ignora qué pasó con ellos, pese a que para tal efecto se creó una Comisión de la Verdad y, años más tarde, intervino la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
No se trata de comparar. Es sólo un ejemplo de la violencia, del incumplimiento de la ley, de la impunidad, del desastre que fue y es el Estado mexicano en materia de justicia.
En los años 80 del siglo pasado, otro ejemplo, fue tenaz y ejemplar, la lucha de un grupo de mujeres, encabezadas porRosario Ibarra de Piedra, en la búsqueda de sus hijos desaparecidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia.
A partir de la noche negra del 26 de septiembre en Iguala en este periódico se ha publicado diariamente una historia de algún desaparecido, buscado por sus hijos, su madre, sus hermanos, su padre, sus amigos. Desaparecidos prácticamente anónimos, aunque hay hechos tan notables como el de aquellos diez cazadores guanajuatenses que fueron secuestrados por agentes policiacos de Zacatecas, y de ocho de ellos nunca más se ha sabido algo. “Ausencias que lastiman”, es el rubro bajo el que se han agrupado.
El mismo día del trabajo de Becerril sobre los desaparecidos de Guerrero hace 40 años, la nota principal de nuestro diario dio cuenta del hallazgo de cuatro cadáveres en las inmediaciones de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, correspondientes a tres jóvenes texanos y un mexicano, quienes fueron detenidos y presuntamente asesinados por agentes policiacos municipales del grupo “de élite” llamado Hércules.
Pero ellos, su búsqueda, su demanda de justicia —como los cazadores guanajuatenses, como los desaparecidos anónimos, como aquellos a los que pertenecieron los 38 cadáveres que han sido localizados en diversos puntos de Guerrero durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, como la de los desaparecidos de los años recientes (ahora dicen que suman 23 mil, aunque hace unos años se atribuyeron cien mil al gobierno de Felipe Calderón), vamos ni siquiera los asesinatos de los miembros de Los Avispones, muertos bajo el fuego de ese 26 de septiembre— no da réditos políticos ni prestigio social ni fama efímera en Twitter o en Facebook ni tampoco ayuda a esa especie de lavado de conciencia política, pues no tienen quienes protesten por ellos ni en México ni en ciudades del mundo.
Es justo, necesario, urgente, indispensable protestar y exigir saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y castigar a los autores intelectuales y materiales, y también a quien tiene alguna responsabilidad política.
Hacer valer la ley sí, como también en todos, todos, los demás casos de desapariciones, secuestros, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, incluido el de Gonzalo Rivas, trabajador de una gasolinera de Chilpancingo, quemado vivo el 11 de diciembre de 2011 en una protesta de los normalistas de Ayotzinapa, aunque ello sea considerado por muchos de quienes hoy protestan como una forma de “criminalizar” a los muchachos víctimas.
Aplicar también las leyes y normas, las que correspondan, a quienes roban, defraudan, obstruyen y atacan las vías de comunicación, saquean comercios, destruyen edificios públicos y privados, evaden al fisco, se pasan los altos, transitan en bicicleta en las banquetas, golpean a sus parejas o a sus hijos, a los que violan, a los pederastas, a los que acosan, a los que se roban la luz… agregue lo que usted quiera y sepa. Sólo cuando todos los que no respetan las leyes sean sancionados con la pena que merezcan se disminuirá la impunidad. Un rédito de ello beneficiaría a la reconstrucción y fortaleza del Estado mexicano.
