De La Redacción
El Buen Tono
Córdoba. – Tras los últimos hechos de violencia —un hombre ejecutado con una cartulina con un mensaje para el director de Tránsito Municipal “El Gavilán”, un ataque armado en un bar a metros del Palacio Municipal y, días después, la ejecución de un trabajador de limpia pública— la violencia ha escalado, mientras el gobierno de Manuel Alonso Cerezo sostiene un modelo en el que la seguridad cuesta más, pero funciona menos, bajo el control operativo de mandos señalados por corrupción dentro de la propia corporación.
Así, el presupuesto 2026 asignó 142 millones de pesos a seguridad pública y poco más de 170 millones a obra pública, reduciendo de manera considerable esta última, muy lejos de los 386 millones invertidos en 2024, cuando incluso los delitos mostraron su punto más bajo.
Hoy, el gasto crece, pero la violencia también. Esto debido a la irrupción del crimen organizado en el ayuntamiento, empezando por Manuel Alonso Cerezo y Luis Abella Alvarado, quienes fungen como principales lavadores de dinero de un grupo de la delincuencia organizada en la región.
Esto ocurre a pesar de que Córdoba cuenta, según varios analistas y ante la falta de información oficial, con un presupuesto de ingresos de alrededor de 2 mil millones de pesos al año, del cual Manuel Alonso Cerezo estaría invirtiendo menos del 8 % en obra pública. Esto demuestra que prefieren gastar más del 90 % en nómina y contratos fraudulentos para seguir enriqueciéndose a costa del erario público.
Al interior de la Dirección de Movilidad y Seguridad Ciudadana, los señalamientos apuntan directamente a David Flores Cervantes, conocido como “El Gavilán”, identificado por elementos como el operador que ha impulsado el despido sistemático de policías y el reacomodo de la corporación bajo un esquema de control y corrupción.
Policías en activo refieren que las decisiones no buscan fortalecer la seguridad, sino mantener una estructura cerrada, afín y sometida, donde quien no se alinea, sale.
