AGENCIA
Ciudad de México.– El debate sobre la reforma a la Ley de Aguas continúa avanzando en la Cámara de Diputados, en medio de protestas de agricultores y productores que exigen modificaciones a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 9 de octubre. El proyecto busca expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, su acceso equitativo y un uso sustentable del recurso.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento es la encargada de dictaminar la propuesta que, según el director de Conagua, Efraín Morales López, representa “un acto de justicia para el pueblo de México”. Afirmó que permitirá ordenar el sistema de concesiones, garantizar mayor transparencia y seguridad para todos los usuarios.
En su conferencia del 3 de diciembre, la presidenta Sheinbaum resaltó que la esencia de la Ley es proteger el recurso hídrico, evitar su sobreexplotación y dejar de concebirlo como una mercancía para reconocerlo como un derecho fundamental.
Entre los puntos clave de la iniciativa destacan la regulación exclusiva del uso del agua a cargo del Estado, la eliminación de la transferencia de derechos entre particulares, la creación de un Registro Nacional del Agua y la devolución a Conagua de concesiones mal utilizadas para su reasignación. El dictamen también plantea ajustes en el pago de cuotas para evitar acaparamiento, nuevas reglas para concesiones de uso agrario, la incorporación de delitos hídricos y un régimen de sanciones fortalecido.
En la Cámara de Diputados, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, presentó modificaciones que incluyen reconocer el agua como parte de la Estrategia Nacional Hídrica, otorgar mayores atribuciones a los Organismos Operadores del sistema de agua potable y establecer un plazo de 180 días para la armonización legislativa en las entidades federativas. También se contempla la creación de un Órgano Interno de Control que investigue y sancione violaciones al derecho humano al agua.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de oposición. Agricultores y campesinos protestaron en semanas recientes al considerar que la propuesta afectaba la transmisión y renovación de concesiones agrícolas, al impedir que los derechos de uso se heredaran o se vendieran junto con la tierra, lo que -afirmaron- generaba incertidumbre sobre su patrimonio familiar.
Tras el diálogo sostenido con legisladores en San Lázaro y la incorporación de ajustes, representantes del sector agrícola señalaron avances y reconocieron el compromiso del gobierno para continuar la discusión con el objetivo de asegurar que el agua siga al servicio de la producción de alimentos en México. La ruta legislativa sigue en marcha, mientras persiste el reto de equilibrar justicia hídrica, productividad y seguridad patrimonial para miles de usuarios del campo.
