AGENCIA
Nacional.- La entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Salud ha encendido alertas entre especialistas, pacientes y legisladores, al eliminar la prioridad legal que protegía el financiamiento de enfermedades de alto costo, como el cáncer, para personas sin seguridad social. El cambio permite redirigir recursos del Fondo de Salud para el Bienestar al gasto corriente del gobierno, debilitando una de las pocas garantías que existían para miles de pacientes en situación vulnerable.
La modificación establece que los recursos del fondo ya no estarán obligatoriamente destinados a tratamientos de alto costo, sino que podrán utilizarse de manera flexible en infraestructura, equipamiento o necesidades generales del sistema de salud. La decisión sobre qué padecimientos serán atendidos queda ahora en manos de un comité afín al gobierno, lo que ha sido calificado como un retroceso en materia de derechos y transparencia.
El médico y legislador Éctor Jaime advirtió que esta reforma implica, en los hechos, perder el derecho a la salud para quienes dependen del fondo. Señaló que tratamientos como quimioterapias, terapias antirretrovirales y atención especializada quedan en riesgo al no contar ya con una protección legal específica. A su juicio, la reforma abre la puerta al uso discrecional de recursos públicos y profundiza la crisis del sistema sanitario.
Las alertas no son nuevas. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en 2024 más de 15 mil millones de pesos del Fondo de Salud fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, mientras que solo una fracción mínima se destinó a la atención de enfermedades de alto costo. Una vez que los recursos ingresan a la Tesofe, su destino se vuelve opaco y difícil de rastrear, lo que ha generado sospechas sobre su uso real.
Con la reforma, este mecanismo se institucionaliza. Aunque el gobierno argumenta que busca eficiencia, cobertura universal y mejor administración del sistema a partir de 2027, críticos advierten que el cambio debilita la protección de los sectores más vulnerables y deja en segundo plano a los pacientes con padecimientos graves.
El resultado ya se refleja en la realidad: Desabasto de medicamentos, cirugías pospuestas y protestas de pacientes y personal médico que denuncian el deterioro del sistema. Para muchos, la reforma no representa una mejora estructural, sino un giro que prioriza el control presupuestal sobre el derecho a la salud, en un contexto donde miles de vidas dependen de tratamientos que hoy ya no tienen garantía.
Es un gran sector de la población que se encuentra con esas terribles enfermedades y que ahora quedarán totalmente desamparados y muy limitados para hacer frente a esos gastos que se derivan. ¡Totalmente injusto!
Es por eso que, cuando anuncian, con bombo y platillo que todos podrán atenderse en donde quieran, omiten estos pequeños detalles que afectarán a muchísima gente. Ojalá sus pensiones del bienestar les alcancen para pagar tratamientos.
