De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- A días de que entren en funciones las nuevas autoridades municipales, el regidor segundo electo, Ricardo Rodríguez Garzón, fue denunciado públicamente por usurpación de funciones, tras intervenir de manera indebida en un proceso de pensión alimenticia y provocar el despido inmediato del padre de familia involucrado.
Según la denuncia, Rodríguez Garzón tomó un documento legal y acudió personalmente a la empresa donde laboraba el demandado, presentándose como figura de autoridad para exigir el cumplimiento de la pensión, pese a no ser abogado ni pertenecer a alguna institución de procuración de justicia. Su única relación con el caso es ser cuñado de la madre del menor, lo que evidencia conflicto de interés y uso indebido de su condición política electa.
La parte afectada señaló que existe una denuncia formal ante la Fiscalía por usurpación de funciones, registrada en la Carpeta 2321/25, y advirtió que ninguna persona electa, sin haber tomado protesta, puede asumir atribuciones exclusivas de autoridades judiciales o laborales, pues se trata de un procedimiento legal entre particulares que debe resolverse por la vía institucional.
Especialistas consultados advierten que la conducta del regidor electo configura ilícitos como usurpación de funciones, prevista en el artículo 250 del Código Penal Federal, sancionada con uno a seis años de prisión y multa, además de obstrucción a la procuración de justicia al interferir en un juicio familiar. El hecho de acudir al centro de trabajo para generar un despido podría encuadrar en acoso laboral, al abusar de una posición política inminente para ejercer presión indebida.
En el ámbito local, el Código Penal de Veracruz establece que un regidor electo no adquiere calidad de servidor público hasta rendir protesta, por lo que carece de facultades legales para intervenir en juicios civiles o laborales. Se advirtió que a partir del 1 de enero de 2026, una vez en funciones, la reiteración de estos actos sí podría configurar abuso de autoridad con consecuencias penales directas.
Ante el riesgo que representa este antecedente, la parte denunciante exigió la intervención inmediata de las autoridades municipales entrantes y del Gobierno del Estado para frenar conductas que anticipan un ejercicio arbitrario del poder. “Lo responsabilizo de cualquier incidente que me pudiera pasar, de aquí en adelante”, advirtió, dejando constancia del clima de intimidación generado por la actuación del regidor electo.
