De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- A seis meses de gestión municipal, la regidora primera del ayuntamiento de Córdoba, Ma. Ángela Ordinola Camarillo, ha presentado un informe de actividades que, más que rendir cuentas, expone una realidad incómoda: su gestión es forma sin fondo.
El documento, entregado a la Unidad de Transparencia en respuesta a una solicitud de este medio, es un catálogo de participaciones genéricas y fotografías, pero carece de resultados tangibles.
El reporte enumera atenciones ciudadanas, 1,940 cotejos de firmas, pero no especifica qué significa “atención” ni cuántas gestiones se resolvieron. Presume su participación en foros de medio ambiente, seguridad y protección civil, pero no detalla ni una propuesta concreta ni un acuerdo alcanzado.
La ley exige información veraz y documentada. Este informe es un listado de actividades que no demuestra impacto alguno.
En el oficio de respuesta comete un error administrativo preocupante: “la información sobre Actas de Sesiones de Cabildo y de Comisiones no está en la oficina, se encuentra bajo resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento”.
Esa declaración es una confesión de su falta de control documental. Un regidor no puede rendir cuentas de su participación en el Cabildo si ni siquiera tiene acceso o archivo de las actas. La ley no le exime de esa responsabilidad.
Además, no reporta su posición en las votaciones, los dictámenes que impulsó ni los recursos que gestionó. La rendición de cuentas no es un acto de protocolo, es de responsabilidad.
GENTE DE TRESS ZILLI
Ordinola Camarillo es colaboradora del diputado local Juan Tress Zilli, dueño de la línea de transporte “8 de Marzo”, empresa señalada por abusos contra usuarios.
Desde finales de 2024, la línea 8 de Marzo cobraba 10 pesos por pasaje, un peso por encima de la tarifa oficial de 9 pesos. Pese a las quejas constantes, la empresa ha mantenido el cobro ilegal. En septiembre de 2025, la línea aumentó el costo del pasaje a 12 pesos, sin autorización y las unidades están en pésimas condiciones por falta de mantenimiento. Que una regidora vinculada a este empresario del transporte presuma de “gestión” mientras su jefe político incrementa tarifas de manera ilegal y mantiene unidades en mal estado es, cuando menos, una contradicción inaceptable.
