Regidora se va de viaje; es de Paso del Macho

De la redacción
El Buen Tono

Paso del Macho.- Los habitantes del municipio denunciaron públicamente la ausencia de la regidora tercera del ayuntamiento, quien se identifica como Susana Hernández, de extracción morenista, de no estar laborando debido a que se fue de vacaciones al vecino país del norte, lo que ha generado una pregunta inevitable entre la población: ¿la funcionaria solicitó y obtuvo la autorización correspondiente para ausentarse de sus obligaciones públicas?
El cuestionamiento es derecho legítimo de la ciudadanía a saber cómo se administran los asuntos públicos. Una regidora no es una empleada cualquiera: es parte del Cabildo, el órgano colegiado que toma las decisiones más importantes del municipio. Su ausencia, si no está debidamente justificada, puede afectar la continuidad de las sesiones, el quórum necesario para votar acuerdos y, en última instancia, la gobernabilidad del ayuntamiento.
Hasta ahora, ni el Cabildo ni la presidencia municipal, encabezada por Sergio Ángel Velázquez Rivera, han informado si la regidora tercera presentó una solicitud formal de licencia o permiso pues apenas van ocho meses de la administración y ya se ausentó. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz establece que las faltas de los regidores deben ser cubiertas conforme a lo dispuesto por el ayuntamiento, y que estos tienen la obligación de asistir puntualmente a las sesiones. Sin embargo, en la práctica, la normativa no siempre se cumple y la opacidad y corrupción terminan por minar la confianza ciudadana.
El hecho de que la funcionaria haya hecho públicos los detalles de su viaje y de ahí los ciudadanos se enteraran y realizaran la denuncia, torna la situación aún más delicada.
Lo que podría haber pasado como un asunto personal se convierte en un tema de interés público cuando quien viaja es una servidora que debe rendir cuentas al pueblo.
La ciudadanía no está cuestionando que una regidora pueda tomar vacaciones o atender asuntos personales; lo que exige es que, si lo hace, se informe con transparencia y se garantice que sus responsabilidades sean cubiertas durante su ausencia.
Más allá de especulaciones sobre el destino o los motivos del viaje, el fondo del asunto es sencillo: ¿existe un permiso oficial? ¿Fue autorizado por el Cabildo? ¿Se solicitó, en caso de ser necesario, alguna autorización ante el Congreso del Estado, como ocurre con las licencias de alcaldes? Estas preguntas no constituyen una acusación, sino un ejercicio legítimo de fiscalización que cualquier ciudadano tiene derecho a plantear.
La respuesta debería estar en los documentos oficiales y, si no existe, la pregunta que queda en el aire es aún más incómoda: ¿cómo es posible que una funcionaria abandone sus funciones sin el más mínimo reparo? La ciudadanía espera una respuesta, y mientras tanto, la interrogante sigue abierta.