AGENCIA
Nacional.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la entrada en vigor del registro obligatorio de teléfonos celulares al asegurar que la medida tiene como único objetivo “garantizar la seguridad” y combatir delitos como la extorsión, y rechazó que se trate de un mecanismo de vigilancia a la población. Sin embargo, sus argumentos han reavivado las preocupaciones sobre privacidad, control de datos y posibles abusos.
Durante su conferencia matutina de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el registro no está en manos del gobierno, sino de las empresas telefónicas, a las que atribuyó la responsabilidad total del resguardo de la información de más de 158 millones de líneas móviles en el país.
Sheinbaum insistió en que las autoridades solo pueden acceder a los datos cuando un teléfono esté vinculado con un delito, y que no existe intención alguna de rastrear ubicaciones o monitorear a los usuarios. No obstante, la explicación oficial deja sin responder cuestionamientos clave sobre los controles reales, los límites al acceso de la información y la capacidad del Estado para solicitar datos masivos bajo el argumento de seguridad.
La postura presidencial también omite antecedentes recientes que alimentan la desconfianza ciudadana. México ya tuvo un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que fracasó, fue señalado por vulneraciones de datos y terminó por ser eliminado. A ello se suma el historial de filtraciones, hackeos y uso indebido de información personal tanto en instancias públicas como privadas.
Aunque la presidenta busca deslindar al gobierno al señalar que “quien guarda la información son las telefónicas”, especialistas advierten que esto no elimina el riesgo de vigilancia indirecta ni el uso discrecional de solicitudes de información por parte de autoridades de seguridad o procuración de justicia.
En un país donde la extorsión y el fraude persisten pese a múltiples registros, bases de datos y estrategias fallidas, el discurso oficial parece apostar más por tranquilizar que por transparentar. La pregunta de fondo sigue sin respuesta clara: si el registro es tan seguro y limitado como afirma el gobierno, ¿qué garantías reales existen para evitar abusos y proteger los datos de millones de ciudadanos?
Mientras tanto, el nuevo registro avanza sin un debate amplio ni contrapesos visibles, bajo la promesa de seguridad, pero con el riesgo latente de convertirse en otra herramienta de control que, una vez instaurada, difícilmente se revierta.
