AGENCIA
Nacional.- El inicio del registro obligatorio de líneas móviles en México encendió alertas a pocos días de su implementación, luego de que usuarios denunciaran una posible vulneración de datos personales en el portal de Telcel. El incidente generó preocupación entre especialistas, legisladores y organizaciones civiles, al evidenciar riesgos en un sistema que fue presentado como una medida para reforzar la seguridad y el control de las líneas telefónicas.
De acuerdo con las denuncias, la falla técnica permitía consultar información sensible como CURP, RFC y correos electrónicos sin contar con mecanismos de autenticación robustos. La exposición de estos datos ocurrió en un contexto de alta sensibilidad, debido a que el registro obligatorio implica la concentración de información personal de millones de usuarios.
Ante estos hechos, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo en el Congreso para exigir medidas urgentes que eviten nuevas filtraciones de datos. La propuesta fue impulsada por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, quien subrayó la necesidad de reforzar de inmediato la vigilancia y los estándares de seguridad en el tratamiento de datos personales.
El exhorto plantea la realización de auditorías, el fortalecimiento de los estándares técnicos y la implementación de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. Asimismo, solicita que las empresas de telecomunicaciones refuercen el cifrado, los controles de acceso y los protocolos de respuesta ante posibles brechas de seguridad.
El acuerdo también exhorta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a llevar a cabo auditorías, verificaciones y procedimientos de supervisión en materia de protección de datos personales, además de aplicar sanciones en caso de detectarse irregularidades. De igual forma, se pide a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fortalecer los estándares técnicos, realizar auditorías constantes y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes, especialmente en los sistemas vinculados al registro de líneas móviles.
Telcel reconoció la existencia de una “vulnerabilidad técnica” en su portal de vinculación del registro obligatorio, detectada por usuarios que identificaron inconsistencias en el acceso a la información. La empresa aseguró que el problema fue atendido de inmediato y sostuvo que los datos de sus clientes no estuvieron en riesgo, además de afirmar que se implementaron medidas de seguridad adicionales tras el análisis del sistema.
Pese a ello, el incidente reavivó las críticas sobre el diseño del propio registro obligatorio. Durante la discusión de las reformas que dieron origen a este esquema, diversos actores advirtieron que la centralización de datos personales podría generar riesgos significativos de seguridad. Aun así, Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, votó a favor de la medida.
En este contexto, organizaciones civiles han reiterado sus advertencias. La Red en Defensa de los Derechos Digitales solicitó la suspensión del registro obligatorio de líneas celulares, al considerar que existen riesgos de ciberseguridad y posibles violaciones a derechos fundamentales. La organización cuestiona además la premisa de que el registro reducirá la extorsión telefónica y advierte que experiencias internacionales han mostrado un aumento de delitos como la suplantación de identidad, la clonación de líneas y la proliferación de mercados ilegales de tarjetas SIM.
El debate sobre el registro obligatorio se mantiene abierto, mientras crece la presión para garantizar que cualquier esquema de control cumpla con condiciones mínimas de seguridad y protección de datos, en un entorno donde la confianza de los usuarios se encuentra seriamente comprometida.
