Xalapa.- Los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llañes Gil del Ángel informaron que el primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Séptimo circuito del Poder Judicial Federal, con sede en esta ciudad, determinó en su sesión celebrada el ocho de enero de 2014, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa está obligado a reinstalar a dos trabajadoras del Poder Legislativo, despedidas injustificadamente, y pagar lo que se les adeuda, conforme a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado; y que antes de vincular al Congreso del Estado al cumplimiento de la sentencia de amparo, debe agotarse el requerimiento al Gobernador del Estado.
Asimismo, indicaron que es infundado el recurso de queja presentado por el Gobernador de Veracruz en contra del auto del juez segundo de distrito en el estado, que lo vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el
juicio 2285/2013.
En conferencia de prensa precisaron que en tales condiciones, devuelto que sea el asunto al Juez Segundo de Distrito, éste deberá requerir de nueva cuenta al Gobernador del estado con la misma advertencia: que de no dar cumplimiento con lo ordenado, puede ser separado de su cargo y consignado a un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
“Nuestro corporativo celebra la determinación del Tribunal Colegiado, que robustece nuestra confianza en la autonomía del Poder Judicial Federal; al propio tiempo, estima pertinente que se subraye que, contrario a lo que de manera falaz y temeraria dijo la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, el Gobernador del estado no fue “automáticamente desvinculado” de la obligación de reinstalar y pagar a las traba-
jadoras”, dijeron.
Los abogados deploraron que la intención del Congreso del Estado haya sido, además, punir al juez segundo de distrito, cuya destitución solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, por haber vinculado al gobernador al cumplimiento de la ley. La sentencia pronunciada este jueves, afirmaron, deja meridianamente establecido que el juzgador federal actuó apegado a derecho” sostuvieron los representantes legales.
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